Un perito ratificó ayer los informes realizados por éste para el denominado caso FARA (Federación Andaluza de Asociaciones Romaníes) en los que se concluye que la junta directiva presidida por Vicente R. A., principal procesado en esta causa, dejó sin justificar 1,2 millones de euros de los 5 millones que recibió el colectivo de diferentes administraciones públicas. Además, se estima que hay otra cantidad menor mal justificada.

Así, este perito fue requerido por el juzgado para que hiciera un informe de las ayudas justificadas y las que no, que posteriormente fue ampliado, concretando cuáles correspondían a la anterior junta directiva y cuáles a la junta cuyos miembros están acusados por el Ministerio Fiscal, entre otros delitos, por apropiarse indebidamente mediante varios mecanismos de dicha cantidad no justificada.

El experto precisó que se basó únicamente en los documentos facilitados por el juzgado tras la intervención policial en la sede de FARA en Málaga, desconociendo cuántas oficinas tenía el colectivo en Andalucía; y en la documentación remitida por los organismos oficiales perjudicados, al tiempo que precisó que con la anterior directiva del colectivo también se dieron justificaciones no válidas y cantidades sin justificar, aunque de menor cuantía.

Aunque señaló que se le dijo que todas las cuentas estaban bloqueadas y que no había actividad en la asociación una vez que fue intervenida policialmente, indicó que parte del dinero no justificado podría corresponderse con programas que tenían que justificarse cuando los miembros del colectivo fueron arrestados, pues estaban aún en ejecución y no habían concluido, como por ejemplo uno en Cádiz.

Por otro lado, también declaró ayer el funcionario de la Junta de Andalucía que gestionaba los asuntos relativos al colectivo gitano y las subvenciones, quien aseguró que se produjo una situación de "presión negativa" hacia la Consejería una vez se decidió suspender las ayudas por la forma "violenta" en la que supuestamente los acusados habían llegado a la junta directiva de FARA. Las ayudas se paralizaron hasta 2000, aunque se concedieron "pequeñas cantidades". Éste indicó que en alguna ocasión "me he sentido veladamente amenazado", puesto que en algunos encuentros con los representantes de la federación "me dijeron cosas que me sonaron a amenazas".

"Tenía una desagradable sensación", precisó el testigo, quien, no obstante, negó que sintiera miedo, sino que tomó una cierta "cautela". Además, dijo que en una ocasión se le ofreció un Mercedes por parte de los miembros de FARA.