Andalucía

El promotor del caso Serrallo admite que contrató a hijos de funcionarios y al de una edil

  • El empresario del centro comercial de Granada niega que se favoreciera de esos vínculos laborales

El empresario Roberto García Arrabal, promotor del centro comercial Serrallo y de la discoteca aledaña, cuya construcción investiga el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, era conocedor de que tenía contratado y compartía participación en una sociedad con el hijo del que fue gerente de Urbanismo y más tarde director de Obras Municipales del Ayuntamiento de Granada, Manuel Lorente. "Supe que era su hijo y no me importó porque si yo quiero delinquir lo hubiera llevado a la empresa de un amigo; no hubiera sido tan imbécil de contratar para beneficiarme al hijo de Lorente en mi propia empresa y meterlo de socio", explicó esta semana en su última declaración judicial.

La juez que investiga la construcción y apertura de un negocio de restauración y discoteca en suelo destinado a espacios libres de uso infantil, el conocido caso Serrallo, citó para declarar el pasado lunes al empresario Roberto García Arrabal y al funcionario Manuel Lorente con el objetivo concreto de esclarecer los vínculos laborales o económicos del hijo de éste con el promotor del negocio. Uno y otro admitieron que el descendiente trabajó durante casi dos años en empresas de García Arrabal, aunque difirieron en cual de ellas. También confirmaron a la jueza que había participado en una sociedad del mismo empresario.

Quedó ratificado también por ambos que otra hija de Manuel Lorente fue avalista de una operación de crédito de esa empresa dedicada a la explotación de las pistas de pádel del Campus de la Salud.

El empresario también tuvo más vínculos laborales con otros hijos de funcionarios del Ayuntamiento. García Arrabal se refirió también a una hija de un trabajador de Urbanismo. Cuando la fiscal del caso le preguntó por la relación con el hijo de la que era concejal del equipo de gobierno de Torres Hurtado, Telesfora Ruiz (hoy edil del PP en la oposición), el empresario admitió también que "lo tenía contratado una sociedad" donde él participaba. Eso sí, aseguró que la actuación de "esa señora en su cargo nos perjudicó ostensiblemente", en lugar de haberle beneficiado, requisito para que ese vínculo sea delictivo. "Ese señor ya no trabaja conmigo pero sí ha estado contratado", afirmó.

El empresario subrayó reiteradamente que en aquella época (entre 2012 y 2014) tenía 57 sociedades y cientos de empleados, por lo que no era raro, a su juicio, contar con hijos de personas como el director de Obras de Urbanismo. "Tenía 700 trabajadores. Seguramente alguno de ellos era hijo de juez o fiscal", dijo con una ironía que le fue recriminada por la juez.

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