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¿Dónde están las personas con discapacidad?, se preguntan en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). La Junta de Andalucía tiene registradas en la comunidad a 326.080 personas con una minusvalía superior a un 33%. Los datos oficiales los ofrecen los centros evaluadores de la la discapacidad, que deciden si una persona padece alguna disfunción física, mental o sensorial.

Del total de diagnósticos, 198.209 personas están en edad de trabajar -entre 18 y 64 años-, pero sólo un 22,4% se encuentran ocupados. Del resto, un 32,6% están incapacitados para trabajar, un 38,7% están inactivos y a un 6,3% se los califica como parados, es decir, buscan un empleo pero no lo encuentran.

La dirección general de Fomento e Igualdad en el Empleo del SAE señala que el porcentaje de desempleados equivale al denominado paro cero, entre un cinco y un 6%, pero reconoce que la cifra no es "real".

"No nos asustaría que las cifras de paro se disparasen por que el 38% de los que están inactivos se inscriban en nuestras oficinas; lo que nos asusta es que se destruya empleo", comentan los responsables de Fomento del Empleo en la Junta de Andalucía.

La ausencia de discapacitados en las oficinas del SAE valida para las empresas y para la Administración que no se cubran las plazas reservadas a este sector de población, un 5% en los empleos públicos y un 2% en las empresas con más de 50 trabajadores. En Andalucía, unas 3.700 empresas tendrían que cumplir con la obligación de reservar plazas.

Los empresarios piden un certificado a la Junta para que se les justifique que no pueden cumplir con la obligación impuesta por la Ley de Integración Social de las personas con discapacidad.

Las organizaciones sociales que trabajan con estas personas cuentan con registros propios de asociados que demandan un trabajo, pero éstos no contabilizan para la Administración, aclararon desde la dirección general. "No están donde tienen que estar y, cuando se inscriban, se reforzarán las inspecciones de trabajo", añadieron.

Justo en este punto radica la principal preocupación del sindicato Comisiones Obreras. Juan Pérez, secretario de Política Institucional y Empleo de CCOO-A, lamentó que, de las 115.000 visitas que los inspectores realizarán a las empresas andaluzas en 2008, sólo 170 se encaminarán a comprobar el cumplimiento de las reservas de plazas para discapacitados. El restante será para otros cometidos como contrataciones de inmigrantes o prevención de siniestralidad laboral, también necesarias para CCOO. "Queda mucho por hacer", concluyó Pérez.