Alonso está convencido que actuó "siempre desde la legalidad". Ayer emitió un comunicado en el que no se olvidó de reiterar su "plena confianza" en la Justicia y en que, al final del proceso, "quede sentado con toda claridad" que autorizó los nombramientos "convencido de sulegalidad y con el único propósito de reorganizar del modo más eficiente las funciones de los empleados de confianza" a su cargo "para el mejor desempeño del servicio público en defensa de los intereses de los ciudadanos". "Los tres designados desarrollaron funciones en ningún caso ajenas al interés público, lo que desmiente definitivamente la existencia de puestos fantasma" subrayó el ex consejero.

El diputado autonómico del PSOE cargó contra el fiscal por sus "inadecuadas e improcedentes referencias a las adscripciones políticas" de los familiares de Cárdenas y Centeno, al considerarlas "atentatorias a los principios constitucionales de respeto a la privacidad, dignidad y libertad ideológica de la persona".

Para Alonso, en ningún caso el tribunal podrá imponer las penas que pide el fiscal, pues incurre en el error de aplicar normas penales más desfavorables que entraron en vigor con posterioridad a los nombramientos". El ex consejero recalcó que sólo podría llegar a ser condenado a la inhabilitación "únicamente para ser consejero durante nueve años como máximo, sin que pueda imponerse limitación alguna" de su capacidad para ser parlamentario u otro cargo público, además de que podrá presentarse "a cualquier cargo electivo, ya que no cabe" sancionarle "con la privación del derecho de sufragio pasivo, por ser esa una pena que no estaba vigente a la fecha de los nombramientos".