La juez ordena prisión para un ex edil del GIL y un ingeniero municipal

  • El fundado del PES, que aupó a la Alcaldía de Estepona con un pacto en 2003 a Antonio Barrientos, está acusado de cuatro delitos · A Javier Wittmeur se le acusa de falsedad documental, fraude y malversación

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La instructora de la operación Astapa contra la corrupción urbanística en Estepona dictó ayer las primeras órdenes de prisión incondicional sin fianza relacionadas con este caso. A media tarde, la juez Isabel Conejo decretó el ingreso en la cárcel del ex edil del GIL y fundador del Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo, y del ingeniero municipal de Obras Púbicas Javier Wittmeur, también vinculado al partido independiente creado por los ex gilistas para concurrir a las elecciones de 2003.

Crespo, heredero del GIL en Estepona y ex primer teniente de alcalde del municipio entre 2003 y 2007 con el PES tras un pacto firmado con el alcalde socialista, Antonio Barrientos, fue detenido la noche del martes al llegar de viaje. Abogado madrileño, Crespo arribó en Estepona de la mano de Jesús Gil Marín, cuyo padre le confió la organización de la campaña electoral de 1999. Llegó a ser el candidato frustado a la Junta del GIL. Su hermana Ana María también ha caído en el marco de la operación Astapa y está en libertad provisional bajo fianza de 30.000 euros y acusada de blanqueo de capitales y cohecho.

Al edil del PES, en la oposición desde las últimas elecciones de 2003, la juez le imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales, según fuentes judiciales.

Javier Wittmeur está acusado por la instructora de falsedad documental, fraude y malversación.

Crespo y Wittmeur fueron trasladados al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona por la mañana, junto al arquitecto municipal Arturo Cebrián y el abogado Manuel Barroso, que es administrador único de la sociedad Ausol Estepona 2000, a la que recientemente se le adjudicó el servicio del depósito municipal de vehículos. La empresa, presuntamente, se constituyó el pasado 25 de abril, sólo un día después de la publicación del concurso de acondicionamiento, gestión, explotación y vigilancia del depósito municipal de vehículos, según Los Verdes. La mesa de contratación estuvo presidida por el edil de Hacienda, el socialista Francisco Zamorano, también detenido.

Barroso, el arquitecto municipal Arturo Cebrián y la edil socialista Asunción López declararon por la tarde y al cierre de esta edición, la juez aún no había decidido sobre su situación procesal.

El otro grupo al que la juez tenía previsto tomar declaración a última hora de la tarde eran las ediles de Playas y Educación, Marisa Rodríguez y Mariví López, respectivamente, y Pedro López, que fue gerente de Urbanismo con el PES durante el anterior mandato.

Las ocho declaraciones de ayer se suman a las 13 que tuvieron lugar entre el martes y el miércoles.

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