A Huelva no le da tiempo a reponerse de la terrible resaca del caso Mari Luz Cortés. Ahora, la ciudad ha conocido la historia de un hombre de 34 años, F.B.A., ya en prisión por orden del juez tras su detención, que ordenaba a sus hijos ver películas pornográficas y a repetir las escenas que habían visto. Los menores eran amenazados por su padre con un cuchillo si se negaban a hacerlo.

F.B.A. fue denunciado inicialmente por su esposa, Ingrid Palma, por malos tratos, aunque en el transcurso de la instrucción de las diligencias policiales los agentes sospecharon que los hijos podían ser víctimas de abusos sexuales. La mujer declaró que hace nueve años su esposo había mantenido relaciones sexuales con una prima que entonces tenía ocho años e hizo constar que, al parecer, una hija de un anterior matrimonio, de 13 años, había manifestado en ocasiones que su padre había pretendido tener relaciones sexuales con ella. La Policía pudo saber que en el domicilio vivían las dos hijas de la pareja, de nueve y diez años, y una sobrina de ocho, que en sus declaraciones manifestaron haber sido víctimas de agresiones sexuales.

Estos abusos se habrían producido unas veces en zonas despobladas, adonde F.B.A. las llevaba en su coche, y otras en el domicilio familiar, principalmente los fines de semana, aprovechando la ausencia de la madre, que iba a trabajar a un bingo de Lepe.

La Policía ha intervenido numeroso material informático para el estudio de F.B.A. y dos cuchillos que supuestamente utilizaba para realizar sus amenazas. También ha requisado un disco duro de ordenador para ser examinado detenidamente por los expertos policiales, mientras se investiga si otros menores podrían haber sido objeto de agresiones sexuales.

El pasado lunes, la hija mayor del primer matrimonio del presunto pederasta acudió a los juzgados de Huelva para negar las acusaciones de abusos sexuales hacia ella que se han vertido sobre su padre. "Él nunca me ha tocado", aseguró.

El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, señaló que la Junta se haría cargo de la tutela de los niños "si fuera necesario". Jiménez dijo que la "primera prioridad" de la administración es "salvaguardar los derechos del menor, es prioritaria su defensa". En estos casos, según explicó, "suele intervenir la Consejería para conocer lo sucedido y ver si hay que hacer alguna resolución".