Los negocios del 'gilismo' llevan a los tribunales a los hijos de Gil

  • María Ángeles y Jesús Gil Marín, imputados junto varios ex ediles y empresarios por la compra de un préstamo de una operación del Ayuntamiento de Marbella

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El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha imputado a María Ángeles Gil Marín, hija del fallecido alcalde de Marbella, por ser la administradora de una sociedad de la familia Gil que participó en una operación de compra de un préstamo del Ayuntamiento de Marbella. Este procedimiento, iniciado a raíz de la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción tras las investigaciones contables que realizó el Tribunal de Cuentas, tiene su origen en una de las primeras operaciones que abordó Gil a su llegada al Ayuntamiento de Marbella. El 5 de diciembre de 1991 el Pleno municipal aprobó una moción del Grupo Independiente y Liberal (GIL) para expropiar la parcela El Pinillo.

Se trataba de 67.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable en el que supuestamente se quería levantar un palacio de congresos. Este acuerdo fue ratificado en abril de 1992, en una sesión plenaria en la que se dio cuenta del acuerdo con los propietarios, con los que se había pactado el pago de 500 millones de pesetas (3 millones de euros). En este justiprecio se incluía la subrogación de un préstamo de 250 millones de pesetas (1,5 millones de euros) que la finca tenía pendiente con el Banco Exterior de España. El crédito se debía devolver en cuatro años, con un interés nominal de 14,75%, según un informe de la Agencia Tributaria aportado en julio del año pasado al sumario del caso Malaya.

Sin embargo, el Ayuntamiento dejó de pagar las cuotas al banco. En diciembre de 1997, o sea cinco años después de que se ratificara en Pleno la expropiación, la sociedad Rafly le compró el préstamo al Banco Exterior de España y se convirtió en el acreedor. En ese momento el crédito ya ascendía a 2,1 millones de euros. Desde el día 1 de julio de 1997 Rafly era una entidad participada al 50% por Juan Antonio Roca y Gestión Inmobiliaria Mizar, una sociedad de la que era administradora única María Ángeles Gil Marín. El informe de la Agencia Tributaria detalla que la hija del fallecido alcalde de Marbella presumiblemente actuó en esta operación "como testaferro de su padre" y agrega que Rafly era "una mera pantalla, sin actividad, activos ni empleados", por lo que para adquirir el crédito necesitaba "alguna fuente de financiación". Entonces María Ángeles Gil se comprometió en un contrato privado a prestar a Rafly durante 1997 hasta 2,4 millones de euros que, sin devengar interés, deberían ser devueltos antes de diciembre de 1999.

Según los técnicos de Hacienda, la compra del crédito del Ayuntamiento de Marbella se realizó "con un préstamo de Promociones Guadalquivir" que según la documentación intervenida en el caso Malaya se elevó a 2,2 millones de euros. Se da la circunstancia de que Promociones Guadalquivir era una sociedad administrada por el propio Jesús Gil en la que figuraban como apoderados María Ángeles Gil Marín y José Luis Jiménez.

En agosto de 1998, o sea ocho meses después de que Rafly comprara por 2,1 millones de euros el préstamo que el Ayuntamiento tenía en el Banco Exterior de España, se acordó en un contrato privado revender el crédito a Proinsa, una entidad que los investigadores vinculan a Javier Arteche, empresario próximo a Juan Antonio Roca imputado tanto en la causa en la que figura María Ángeles Gil Marín como en el caso Malaya. De acuerdo con la Agencia Tributaria, el préstamo de Promociones Guadalquivir lo devolvió Proinsa "mediante solicitudes de reembolso realizadas por María Ángeles Gil Marín, coincidentes con los desembolsos" que realiza la empresa de Arteche.

Sin embargo, la operación no se realizó finalmente con Proinsa, sino con Benamaina, otra sociedad de Javier Arteche "con la que negocia directamente el Ayuntamiento de Marbella merced a la operación por todos ellos concertada", según la Agencia Tributaria. Rafly le vendió el crédito a Benamaina por 3 millones de euros. El informe precisa que Benamaina compró el préstamo con la "única intención de ostentar la condición de acreedor del Ayuntamiento de Marbella". De esta forma podía compensar el crédito con la entrega de tres fincas segregadas de los terrenos expropiados en El Pinillo. Dándose la circunstancia de que el precio de venta es idéntico al precio que por la cesión del crédito a Benamaina estipuló Rafly.

En ese mismo periodo se creó el escenario propicio para vender la finca El Pinillo. En marzo de 1998 el Ayuntamiento sacó a subasta los terrenos por 2,3 millones de euros, pero la puja quedó desierta. De esa forma, Jesús Gil podía vender directamente los suelos "sin ajustarse a ningún procedimiento" legal.

Las tres fincas segregadas se entregaron a Benamaina por 3 millones de euros el 30 de julio de 1999. La operación se formalizó por la mañana y ese mismo viernes último de julio se elevaron a públicas las escrituras. Las fuentes consultadas han señalado que por la tarde los terrenos se vendieron a la promotora sevillana Expo-An, del promotor Luis Manuel Portillo, por 4 millones de euros. Ocho meses después Expo-An vendió los suelos a otra empresa de Portillo, Ábaco Grupo Financiero Inmobiliario, por 17,4 millones. En 2003 los terrenos fueron de nuevo transmitidos a la sociedad granadina Inrama Gestiones, de la que es consejero Luis Manuel Portillo, por 29,4 millones de euros. La Agencia Tributaria concluye que el beneficiario último de la operación no fue Arteche, sino "Luis Manuel Portillo a través primero de Expo-An, después con Ábaco Grupo Financiero y por último con Inrama Gestiones", que fue la titular de una licencia para levantar 328 viviendas, con locales comerciales, sótanos y aparcamientos y 20 chalés unifamiliares.

En el procedimiento están imputados junto a María Ángeles Gil su hermano Jesús Gil Marín, los empresarios Luis Manuel Portillo y Javier Arteche, además de varios concejales de la época y Juan Antonio Roca, hasta unas 20 personas. De hecho, el pasado viernes por la mañana mantuvieron un careo ante el juez el ex concejal de Hacienda Antonio Luque y el interventor municipal en las fechas en las que se formalizó la venta de los suelos. Además, Agencia Tributaria estima que a través de la operación de compra del crédito municipal se blanquearon cerca de 6 millones de euros.

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