Vive en Sevilla en un barrio popular un anciano señor, de nombre Evaristo, cuyo apellido no importa, pues al final sólo Dios, si lo hay, lo recogerá y Él no necesita de apellidos. Esta solo en el gélido y modestísimo piso a oscuras, en silencio, abrigado con las mantas envejecidas que después se llevará a su cama de viudo. La mísera pensión no le llega para pagar la luz. Está agarrotado por el frío, tantas veces presagio de la muerte. Su situación deriva de la aplicación de la justicia contractual: no pagas, no tienes electricidad.

En medio de la piedad, me asalta la vergüenza, una específica vergüenza, como jurista y educador de juristas. Culpamos a los políticos, oportunistas y carentes de sensibilidad, e incumplidores de promesas. No he de ser yo quien defienda a ese tipo de políticos, pero aquí hay más responsables. Cuando se dijo que la crisis económica tocaba a su fin, hubo en algún momento un pálido intento de que los economistas, y en especial los economistas académicos que legitimaron seudocientíficamente las bondades del mercado sin reglas, asumieran su cuota de responsabilidad, como depositarios de saberes que determinaron opciones políticas que arrebataron a millones de personas lo más esencial de su vida material, y jirones de su dignidad como personas. No consta tal autocrítica. Es más, se reproducen los mantras de siempre, como una suerte de alegre retorno a la normalidad, salvo por los que nunca los usaron: pocos y tan dignos. Allá los colegas de la Facultad de Economía con su (supuesta) ciencia y su conciencia.

Pero no menos responsables somos los que hemos dedicado nuestra vida a la Facultad de Derecho. Nos duele la boca de hablar de Estado Social, eficacia expansiva de los derechos fundamentales, derechos sociales de tercera generación, y se nos olvida que, sin modificar ley alguna, los preceptos constitucionales bastarían para declarar que ningún contrato puede ser exigido por el contratante fuerte al contratante débil, cuando ve comprometido su mínimo de subsistencia, que comprende su derecho en toda circunstancia a la prestación de servicios básicos, y mucho más cuando estamos ante monopolios u oligopolios. Para que esto fuera real, ya que todos lo dan por aceptada teoría, la república de los juristas (y entre ellos, con especial responsabilidad, los académicos) debería hacer oír su voz, ante jueces y legisladores, de forma más fuerte, menos acomodaticia, más insistente, como su principal tarea de este tiempo. De nada sirve afirmar que los derechos fundamentales nos protegen no sólo frente al Estado (por otra parte, mal que bien, la única esperanza de los pobres), sino también frente a todos los poderosos, si no tenemos un radical compromiso con esta idea. Vieja y lustrosa frase es que los juristas somos servidores de la Justicia. Pero si los juristas no nos alzamos todos los días, todas las horas, en todos los foros, para que la Constitución del Estado Social no sea letra muerta, y se aplique sin dilación alguna, no nos ha de salvar ninguna ciencia que poseamos, y seremos servidores de una bien diferente justicia: la justicia… de Evaristo.