Toda la gestión de Antonio Barrientos al frente del Ayuntamiento de Estepona durante los últimos años está en entre dicho. La operación Astapa contra la corrupción no se limita a presuntas irregularidades urbanísticas, sino que se extiende a otras áreas de gobierno y cuestiona, supuestamente, la contabilidad municipal, contrataciones o adjudicaciones de servicios, entre otras actuaciones. Fuentes cercanas al caso informaron ayer de que los delitos investigados en el caso son ocho, todos los que se pueden imputar a un funcionario o un cargo público: prevaricación, malversación de fondos, cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio, negociación prohibida para funcionario público, falsedad documental y blanqueo de capitales. Así consta en uno de los autos emitidos por la juez que está al frente del caso.

Barrientos, detenido el martes a primera hora de la mañana y presente en el registro de su domicilio y del Ayuntamiento hasta altas horas de la madrugada, podría pasar hoy a disposición de la juez Isabel Conejo, que ha firmado otras 25 órdenes de arresto en la operación coordinada junto a la Fiscalía Anticorrupción.

El martes se practicaron 38 registros domiciliarios, aunque los puntos álgidos estuvieron en la casa del regidor -ubicada en la urbanización Bahía Azul-, en la Casa Consistorial y en el edificio Puertosol, donde están las sedes de Urbanismo y Hacienda. Los efectivos policiales requisaron documentación contable y la relación de convenios suscritos por el Ayuntamiento desde 2003; es decir, desde que se inició el mandato que Barrientos sostuvo con el apoyo de los concejales ex gilistas del PES. Los papeles intervenidos ocupaban varias cajas que ayer empezaron a ser depositados en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1.

De momento, la instructora ha tomado declaración a 13 detenidos y todos han quedado en libertad provisional, con o sin fianza, según los casos.

El mismo martes por la tarde, el día que se desplegó la operación, cinco personas fueron puestas a disposición de la juez. Uno fue el presidente del Grupo Prasa y accionista mayoritario del Córdoba C. F., José Romero, que quedó en libertad bajo fianza de 300.000 euros. Está en libertad provisional, por lo que tiene un plazo de tres días para abonar el aval, según explicaron fuentes judiciales. El empresario cordobés está imputado por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y otros contra la Administración pública. Tiene prohibido abandonar el país y debe comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Estas dos medidas también fueron impuestas a Ana María Crespo -hermana del líder del Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo, arrestado también el martes por la noche-, que ha eludido la prisión tras el pago de una fianza de 30.000 euros. La misma cantidad y las mismas obligaciones han recaído sobre J. L. C. A. [no se conocen más datos sobre su identidad]. José Ignacio Crespo, ex edil del GIL y fundador del Partido de Estepona (PES), con el que Barrientos pactó las elecciones de 2003, es el detenido número 26. Crespo, también ex primer teniente de alcalde, fue arrestado al regresar de un viaje de varios días.

La instructora también dictó libertad provisional sin fianza, pero con cargos, para el jefe del servicio jurídico del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Andrés Flores, y para M.C.H. El primero tiene la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes y no puede abandonar el país, mientras que el segundo, debe presentarse en la sede judicial una vez al mes. Todos ellos están acusados de los delitos de blanqueo de capitales y cohecho.

Ayer por la mañana fueron trasladados a los juzgados de Estepona ocho de los detenidos. Enrique González Ceano, propietario de la empresa de publicidad que gestionó la campaña publicitaria del PSOE en las últimas elecciones municipales en Estepona, quedó en libertad provisional con obligación de comparecer en el juzgado el primer día del mes. Esta misma empresa tenía adjudicada desde el anterior mandato la colocación de 300 vallas publicitarias, una concesión en la que, supuestamente, no medió ningún concurso público.

Tres de los detenidos están vinculados a la promotora Valle Romano, que tiene un campo de golf y una urbanización con más de 3.000 viviendas en el municipio. El cien por cien del capital de este proyecto es de la banca guipuzcoana Kutxa. El ex consejero delegado de Valle Romano, Luis Fernando Linares, quedó en libertad provisional bajo fianza de 500.000 euros y también tiene un plazo de tres días para abonarla. Tiene prohibido salir del país y está imputado por los presuntos delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias. Son los mismos cargos que se imputan a los abogados Daniel Delgado y Armando Pérez, detenidos en Bilbao y vinculados a esta empresa, aunque en ambos casos la fianza que ha fijado la juez es de 100.000 euros. Uno de los abogados que defiende a sus dos colegas, Jorge Mansilla, lamentó a la salida del juzgado la "situación de indefensión" de sus clientes que, según dijo, no pudieron "defenderse en condiciones" porque existe secreto de sumario.

Tras ellos prestaron declaración Vicente y Félix Delgado, al frente de la constructora local Codelsa; el constructor y propietario de la sociedad Agrojardín, José Antonio Bazán, un empresario muy conocido en la Costa del Sol; y el arquitecto Ignacio de la Hoz, jefe de los servicios técnicos del Ayuntamiento.

Los hermanos Delgado quedaron en libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros e imputados por los presuntos delitos de prevaricación urbanística, cocheho y tráfico de influencias. Al cierre de esta edición, pese a que habían declarado, la instructora aún no había decidido sobre la situación procesal de los otros dos detenidos.