Una directriz de la Junta reduce las prestaciones de la Ley de Dependencia

  • Una circular ordena que se deniegue el recurso de asistente personal a discapacitados intelectuales y menores de 16 años, cuando la Ley no los excluye · Los padres afectados anuncian medidas legales

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La Junta de Andalucía ha limitado los recursos contemplados en la Ley de Dependencia a través de una directriz interna dirigida a los trabajadores encargados de otorgar las ayudas a las personas valoradas como dependientes.

Se trata de un documento sin membrete ni sello oficial en el que se da instrucciones al personal para que deniegue el asistente (un recurso más de la ley, como la ayuda a domicilio o la plaza de residencia) a los menores de 16 años y a los discapacitados intelectuales. Esta restricción no aparece en ningún artículo de la Ley de Dependencia ni en la orden de la Junta de Andalucía del 3 de agosto de 2007 publicada en BOJA.

Fuentes de la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social admiten la existencia de estas instrucciones, como una forma de funcionamiento de la administración y explican: "El sistema educativo dispone de monitores para los niños con necesidades especiales y sería un contrasentido darles además un asistente, que sí es necesario para personas mayores que tienen una vida autónoma".

La ley recoge textualmente el objetivo de "contratar una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria", sin otras acotaciones.

El contenido de la circular interna, a la que ha tenido acceso este periódico, se está comunicando a los padres afectados de forma verbal, aunque la delegación de Educación sí ha hecho referencia a ella en un documento oficial.

La circular contradice también el contenido de una orden autonómica del 3 de agosto de 2007 sobre la gestión de las prestaciones económicas del sistema de autonomía y atención a la dependencia, que se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 16 de agosto. Este documento especifica que el asistente personal debe "posibilitar una mayor autonomía en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria a las personas con gran dependencia, facilitándoles el acceso a la educación y el trabajo". E insiste en que las condiciones para recibir un asistente son: "haber sido valoradas en grado de gran dependencia y tener capacidad para determinar los servicios que requiere, ejercer su control e impartir instrucciones a la persona encargada de la asistencia personal de cómo llevarlos a cabo por sí mismo o su representante legal".

La circular de la Junta se produce después de haber otorgado a un menor de 16 años y con una discapacidad intelectual un asistente personal, por lo que el resto de padres en la misma situación y a los que le está siendo denegado por esta directriz interna ya han anunciado medidas legales contra la administración.

Es el caso de Joaquín que tiene una hija autista de 11 años. Solicitó acogerse a las prestaciones de la Ley de Dependencia en julio de 2007 y acaba de saber que no tendrá acceso a un asistente personal, pese a que su hija fue valorada como gran dependiente. "La trabajadora social nos advirtió de que no pidiésemos el asistente personal, pero lo hicimos porque creíamos que la ley lo garantizaba y ahora nos viene denegado", cuenta.

Joaquín ha reclamado "por principios" porque cree que la figura del asistente personal es la única que permite la promoción de la autonomía de una persona dependiente y el respiro de sus cuidadores. "Y no voy a aceptar otra cosa, pese a que la ayuda de 400 euros al mes nos vendría muy bien, máxime cuando con efecto retroactivo supondría para nuestra cuenta corriente una aportación de 5.000 euros", matiza con ironía.

Francisca es otra de las madres afectadas. Vive en Alhaurín de la Torre (Málaga) y lleva todos los días a su hija a un colegio en la zona del Seminario de la capital "porque ya está integrada y ahora no quiero causarle una dificultad añadida", dice. Su hija, de 12 años, tiene un trastorno del desarrollo y ayer mismo por la mañana supo que no tendrá un asistente personal. "Me he enterado porque yo he llamado al ver que pasaba el tiempo y nadie me comunicaba el plan de atención para mi hija y resulta que me lo han denegado", lamentaba ayer. Francisca se pregunta cómo puede "una instrucción interna mandar más que una ley".

La polémica ha surgido porque Daniel, un niño autista de ocho años, sí cuenta con asistente personal. La instrucción interna salió después, pero ahora todas las personas afectadas quieren tener derecho al mismo recurso. Máxime cuando no han tenido oportunidad de leer esta nueva norma.

Para los padres de Daniel, Mariola Rueda y Daniel Jesús Moreno, "el asistente personal es un recurso que contempla la ley y la orden autonómica que la regula". Ellos quieren dar un paso más y conseguir que la Junta de Andalucía les permita que el asistente acompañe a su hijo en el colegio para reforzar su integración. "Mi hijo con apoyos puede hacerlo todo", dice.

Estas tres familias denunciaron a la Junta de Andalucía el pasado mes de octubre porque casi un año después de que hubiera entrado en vigor la ley aún no habían recibido la prestación.

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