"La directiva de la vergüenza". Así califican las ONG en favor de las personas inmigrantes la iniciativa que el próximo 5 de junio debatirá el Parlamento Europeo sobre el retorno de los extranjeros en situación irregular.

La aprobación del proyecto ampliaría la estancia en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) -ahora en España, de 40 días máximo- hasta al menos seis meses. Y puede prolongarse hasta el año y medio en el curso del procedimiento de expulsión, si surgen dificultades administrativas.

"Estos centros son como cárceles y la directiva criminaliza y trata a los inmigrantes como delincuentes", lamentó ayer Brigitte Espuche, coordinadora del área de Inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) de Andalucía. La ONG será una de las mil organizaciones sociales que hoy acudirán a la moviliza ción convocada en Bruselas contra la directiva diseñada por la UE, de obligado cumplimiento entre los países miembros.

Además, la Directiva Retorno impide que las personas expulsadas puedan entrar en territorio europeo durante cinco años. Espuche sumó que la medida prevé que los menores extranjeros, protegidos por el Convenio Internacional sobre los Derechos del Niño, perderán esa protección y podrán ser retenidos en los centros de internamiento.

El alumbramiento de la nueva directiva se produce cuando el debate sobre la capacidad de los centros de internamiento y el tratamiento que se da en ellos a los inmigrantes está en tela de juicio tras un reciente informe de la Comisión europea de Libertades Civiles, Justicia y de Interior. El pasado diciembre, una delegación europea visitó cinco centros españoles y censuró el tratamiento "deplorable" que España ofrece en sus instalaciones a estas personas, "las peores de la Unión Europea".

Rafael Lara, coordinador de APDH, informó ayer de que reclamará al Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, que investigue la situacion de los centros La Piñera en Algeciras (Cádiz) y Capuchinos en Málaga -dependientes del Ministerio de Interior y entre los analizados por la delegación europea- por "vulnerar gravemente los derechos fundamentales" de los extranjeros. Lara condenó el "carácter penitenciario" de las instalaciones y criticó que se impida el acceso a miembros de las ONG.

El coordinador de APDH detalló que la situación del centro Capuchinos en Málaga es "especialmente preocupante" ya que, según expuso, "se han interpuesto numerosas denuncias desde el año 1992 hasta 2006 por malos tratos y abusos sexuales por parte de los funcionarios hacia los inmigrantes". El centro, con unas 90 plazas, "normalmente sobrepasadas, no reúne un mínimo de condiciones de atención física y jurídica con sus internos".

Respecto al centro de La Piñera en Algeciras (Cádiz), una antigua prisión, Lara aseguró que tiene "deficiencias muy importantes" y su capacidad, de 250 plazas, está saturada.