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La operación Obra Nueva, que emprendiera la Guardia Civil para desmantelar una extensa red dedicada a la regularización de viviendas ilegales en Chiclana, suma tres nuevos implicados cuando se cumple justo un año desde su comienzo. Un hombre y dos mujeres son los últimos encartados en la red conformada por un heterogéneo grupo de profesionales relacionados con la promoción, construcción y venta de viviendas, que se dedicaba a conseguir regularizar inmuebles ilegales mediante el certificado de un técnico que acreditaba una antigüedad suficiente en las construcciones para la prescripción de la irregularidad (que vence a los cuatro años) y que, al tiempo, permitía a los titulares la solicitud de un préstamo hipotecario tras la fraudulenta inscripción en el Registro de la Propiedad.

Según ha podido saber este diario, estos tres nuevos implicados se encuadran en el último eslabón del entramado cuya cúpula desmantelara la Guardia Civil el verano pasado en Chiclana, el conformado por propietarios de terrenos y vivienda s ilegales. El hombre, Francisco Javier R. L., fue detenido este pasado miércoles. Se le atribuye un presunto delito de falsedad documental así como otro de estafa. Y es que habría obtenido un préstamo hipotecario para rehabilitar una casa fantasma, presentando un certificado que acreditaba la existencia de un inmueble levantado hacía más de cuatro años. Fue puesto a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Chiclana, a cargo del asunto, quien lo dejó en libertad con cargos.

Las mujeres , Milagrosa B.F. y Josefa G.H., son también propietarias de fincas. Ambas se han visto implicadas al serles imputados sendos delitos de falsedad documental. Las dos presuntamente presentaron en notaría un certificado falso de antigüedad de viviendas levantadas en sus respectivas fincas que no existen. Estos tres últimos casos de fraude y estafa se han registrado en terrenos situados en el Camino de Algodonales, en El Marquesado.

Fue hace justamente un año, en mayo de 2007, cuando un particular puso sobre aviso a la Guardia Civil de la existencia de esta mafia urbanística en Chiclana. El denunciante fue un vecino que otorgó un poder notarial a un corredor inmobiliario que le prometió la venta de una finca. Al darse cuenta de que habían falsificado datos de su propiedad (como la división en cuatro fincas con una vivienda en cada una cuando no había inmueble alguno) interpuso la denuncia que dio paso a la investigación ha estado coordinada por la Fiscalía de Medio Ambiente.