Los dependientes desbordan la Ley

  • Los 78.570 grandes dependientes ya evaluados superan la estimación inicial del Libro Blanco de entre 36.000 y 42.000 · La guerra de cifras sobre los beneficiarios de las ayudas enfrenta a la Junta y al PP

Al cumplirse un año y medio en vigor, la Ley de Dependencia ha desbordado las previsiones de los gobiernos central y autonómicos ante la gran cantidad de personas que han solicitado las ayudas de la norma. De las 536.342 solicitudes recibidas hasta el 31 de julio, se reconoce como grandes dependientes (Grado III) a 279.450 ciudadanos, cuando la estimación inicial era de 206.000.

El Gobierno socialista elaboró como paso previo a la aprobación de la norma el Libro Blanco de la Dependencia. Para Andalucía, se estimó una cifra de entre 36.000 y 42.000 grandes dependientes. Según los datos del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte a 31 de julio, los beneficiarios con derecho a prestación en este grado de dependencia casi se duplican, ya que hasta la fecha se ha diagnosticado a 78.570 andaluces con el mayor grado de dependencia.

A ellos se incorporan 13. 738 dependientes severos (Grado II Nivel II) que desde el 1 de enero de 2008 tienen derecho a recibir las prestaciones de la Ley.

El porcentaje a restar a los reconocidos como beneficiarios, 92.308, hasta llegar a 173.411 solicitudes registradas en Andalucía, se reparten entre los que esperan su valoración, no se ha dictaminado sobre su situación, su grado de dependencia aún no tiene derecho a percibir ayuda o su solicitud ha sido rechazada.

La Ley de Dependencia ha protagonizado el debate político mucho antes de su entrada en vigor. La semana pasada, debido al presupuesto que el departamento de Mercedes Cabrera, ministra de Educación, Política Social y Deporte enviará este año a las comunidades. El Gobierno tiene que asumir el 50% del presupuesto y las autonomías la otra mitad, si bien se trata de un presupuesto de mínimos que debe aumentarse en función de los solicitantes. Al tener rango de Ley, los ciudadanos pueden denunciar el incumplimiento ante los tribunales.

El PP demandó la comparecencia urgente de Cabrera para conocer por qué la asignación a las autonomías se reduce del 50% del presupuesto de otros años al 27%, 241 millones de euros de los 841 millones consignados, de los que Andalucía recibirá 42,2. No obstante, la comunidad recibió en 2007 algo más de 36 millones.

La guerra de cifras sobre la Ley de Dependencia sumó ayer un nuevo capítulo en el que los protagonistas aportaron sus propios datos.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, afirmó que 100.000 dependientes no han sido atendidos por la Junta de Andalucía tras solicitar las prestaciones establecidas en la Ley de Dependencia e instó a los andaluces descontentos a acudir a los tribunales. En una entrevista con Europa Press, Sanz aportó que, según una respuesta parlamentaria del Gobierno, tan sólo un 30% de los solicitantes recibe las prestaciones (dato que no facilita el Ministerio, que detalla los beneficiarios con derecho pero no los receptores de las ayudas).

El dirigente popular relacionó el "monumental fracaso" de la Ley con la falta de dispositivos que, en su opinión, tiene Andalucía para aplicarla. Apuntó que mientras en la Ley se contempla un grado de cobertura del 5% en materia de residencia de mayores, en Andalucía hay un 2,5% de índice de cobertura, igual en centros de estancia diurna, que en Andalucía está en el 0,33% o teleasistencia, "donde sólo se cubre el 5% de la población dependiente, cuando la ley exige que se extienda a todos los mayores dependientes y discapacitados con una incapacidad del 65%", resaltó.

El secretario general del PP-A criticó que "Andalucía tiene la mitad de los dispositivos, por lo que muchas de las prestaciones no se pueden desarrollar".

En la réplica, Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social, expuso datos de la Junta del 9 de julio donde el 84% de las solicitudes de dependencia habían sido valoradas y acusó a Sanz de "intoxicar y confundir". Añadió que de estas 135.078 personas evaluadas, 92.408 tienen reconocido su derecho como gran dependiente o severo y que 54.300 reciben la prestación, el mismo porcentaje que aportó el PP, el 30% de las solicitudes. Sobre los recursos, aseguró que la Junta "los asigna teniendo en cuenta las posibilidades marcadas legislativamente".

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