caso de los ere

Las defensas niegan la teoría de la "conspiración"

  • Los abogados de los ex presidentes de la Junta y de los otros 20 ex altos cargos procesados mantendrán que no hubo ningún concierto en el seno del Gobierno andaluz para propiciar las presuntas irregularidades en las ayudas

La sala donde será el juicio de los ERE La sala donde será  el juicio de los ERE

La sala donde será el juicio de los ERE / Antonio Pizarro

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Desmontar la teoría de la "conspiración" que en su día dibujó la juez Mercedes Alaya durante su polémica instrucción de la causa de los ERE. Este es el principal objetivo con el que llegan al juicio de la macrocausa más mediática de la historia de Andalucía las defensas de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y de los principales ex altos cargos procesados. En líneas generales, los abogados de los 22 ex altos cargos reclaman la libre absolución de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos -este último delito sólo se atribuye por la Fiscalía Anticorrupción a 15 procesados, entre ellos el propio José Antonio Griñán- y de asociación ilícita porque consideran que no hubo ninguna trama criminal para permitir el fraude.

La defensa de Griñán, que ejerce el abogado José María Mohedano, se muestra contundente a la hora de pedir la absolución del ex presidente: No hubo ninguna "conspiración" para cometer el fraude de los ERE. Si hubiera existido esa conspiración, plantea hipotéticamente Mohedano, ni el consejero habría llevado al Consejo de Gobierno las memorias de control financiero ni hubiera propuesto las medidas que la Intervención General de la Junta consideró "pertinentes" para mejorar su función de control.

La defensa del ex presidente entiende, asimismo, que desde la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los entonces aforados no se ha acreditado en la instrucción de los ERE "ninguna nueva investigación en relación con la posible participación de Griñán en un delito de malversación". En el escrito en el que solicitó la absolución, la defensa afirma que Griñán "nunca intervino en la concesión concreta de ayudas ni se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos, dado que no era de la competencia de su departamento en Hacienda".

Sobre los continuos informes de la Intervención General de la Junta en los que se alertaba del uso inadecuado de las transferencias de financiación, Mohedano argumenta que "nunca se elevaron" a Griñán los informes de cumplimiento de 2003 ni el informe adicional del año 2005, y así insiste en que "hay datos y pruebas de que ni se elevaron ni fue informado de los mismo porque en ningún momento se proponía su actuación". La defensa añade que las presuntas irregularidades no estuvieron ni en el presupuesto, ni en las transferencias, ni en las modificaciones, sino, en el caso de existir, en la "concreta gestión del gasto del programa presupuestario 31L", la partida conocida popularmente como el fondo de reptiles.

La defensa de Griñán considera, finalmente, que la Fiscalía y los acusadores populares incluyen y repiten en sus escritos de conclusiones "errores garrafales", y añade que la cuantía del supuesto fraude, que el Ministerio Público cifra en 741,6 millones es incorrecta, reduciéndola a efectos meramente dialécticos a 80,8 millones. El letrado habla de 36,6 millones de ayudas sociolaborales (6,6 de intrusos y 30 de sobrecomisiones) y 44,2 millones de ayudas directas, lo que sumado arroja esa cifra de 80,8 millones.

En la misma línea de ausencia de delitos se pronuncia la defensa del ex presidente de la Junta Manuel Chaves, que alega que "ni conoció ni pudo conocer" el fraude de los ERE, y tampoco recibió ninguna advertencia por parte de la Intervención General sobre las supuestas irregularidades.

El abogado Pablo Jiménez de Parga explica en su escrito de defensa que Chaves, que presidió el Ejecutivo andaluz entre 1990 y 2009, "desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaba las ayudas concedidas en cualquier otro ámbito, al no ser ésta su función como presidente de la comunidad autónoma". Chaves rechaza los cargos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, que le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, y de las acusaciones populares.

Durante los 19 años en los que estuvo al frente del Gobierno regional, Chaves suscribió seis acuerdos de concertación social con la Confederación de Empresarios de Andalucía y las organizaciones sindicales más representativas de la comunidad, en los cuales, precisa, "se fijaba como prioridad política, compartida por todos los agentes sociales, garantizar la cohesión social en Andalucía, lo que implicaba, entre otros aspectos, la necesidad de atender a los trabajadores de empresas en crisis mediante distintas ayudas sociolaborales en casos de procesos de reestructuración empresarial o de reconversión, especialmente significativos en algunos sectores de actividad industrial".

Entre los años 2000 y 2009, los Consejos de Gobierno que presidió aprobaron 18 modificaciones presupuestarias relativas a los programas 22E y 31L de un total de 1.271 modificaciones presupuestarias aprobadas en el mismo periodo. Esas 18 modificaciones presupuestarias fueron tramitadas con arreglo a la ley general de la Hacienda Pública de Andalucía y contaron "con todos los documentos e informes preceptivos, las memorias justificativas y explicitaron el impacto den los objetivos de los programas de actuación, inversión y financiación afectados".

El juez de refuerzo Álvaro Martín reprochó a los ex presidentes Chaves y Griñán que conocían las irregularidades y participaron del "plan" presuntamente establecido en el año 2000 para eludir las supervisión de la Intervención, lo que posibilitó la "falta de control sobre los fondos públicos destinados a subvenciones o ayudas". Chaves "impulsó" la implantación del sistema y Griñán lo "mantuvo", según el instructor, que rechazó la "aducida ignorancia" de los ex presidentes.

Por su parte, la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez también reclama su absolución porque considera que no hay indicios de que "conociera que en la concesión de las ayudas pudieran estar dándose irregularidades" y, a su juicio, "tampoco existe base para sostener que pudiera haber tomado conocimiento de tales irregularidades a partir de los informes realizados por la Intervención General" de la Junta.

Una figura clave en este juicio, como a lo largo de la instrucción, es la del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, en quien los políticos imputados han cargado en distintas ocasiones la responsabilidad del fraude por no haber emitido un "informe de actuación" para intentar frenar las irregularidades.

La defensa del ex interventor, a quien la Fiscalía exige seis años de cárcel, afirma que en su intervención "no omitió actuación debida alguna" y realizó numerosos informes para "alertar" de las que considera irregularidades administrativas que habían sido detectadas en los procedimientos de subvenciones y ayudas concedidos por la Consejería de Empleo. "Plasmó en los informes las irregularidades y los remitió a quienes tenían competencia y poder decisorio para adoptar las medidas oportunas y poner fin a dichas irregularidades", concluye la defensa.

Los magistrados Pilar Llorente, Juan Antonio Calle Peña y Encarnación Gómez, que presidirán el juicio.

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