El rifirrafe está servido. Y como a la consejera de Justicia de la Junta, Evangelina Naranjo, le va el combate cuerpo a cuerpo, no tardó ni veinticuatro horas en contraatacar a la amenaza del juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, que anteayer dejó caer la bomba amenazando con reducir a la mitad el número de juicios el próximo año. "Que lo haga", soltó la consejera.

Rabasa fue explícito. "Esto revienta en dos años", predicó refiriéndose a la situación en los juzgados, con la intención de encender la luz roja sobre la falta de medios. En opinión del decano de los jueces cordobeses, hace tiempo que se sobrepasó el límite. Rabasa no dudó de que los juicios urgentes se van a resolver siempre pero los que no se fijen se pospondrán para el año siguiente.

Enfrente, la consejera Naranjo se plantó firme, y recordó al juez que "es un poder del Estado" y que si esa es su posición, "que lo haga".

Con todo, lo único que ha hecho Rabasa ha sido poner bocina a lo que parece un clamor soterrado en los juzgados andaluces y al que también hizo referencia hace unos días el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, al lamentar el "alarmante déficit" de funcionarios que padece la Administración de Justicia en la comunidad autónoma.

Méndez de Lugo entregó en mano a la propia consejera de Justicia el informe en el que se refleja el agujero de personal que padece los órganos judiciales en Andalucía, estamentos que precisan, para empezar a pensar en una maquinaria medianamente engrasada, de una inyección de 1.719 funcionarios.

Ya en octubre, los jueces de la provincia de Córdoba reunidos en una justa extraordinaria manifestaron el "desbordamiento" del sistema judicial debido a la falta de medios "materiales y humanos". Esta es la verdadera piedra de toque, más allá de los enfrentamientos surgidos en los últimos días tras lo que se considera una ofensiva del cuerpo judicial contra una situación que hace tiempo dejó atrás el nivel de ebullición.