Las comparecencias ante la comisión de investigación de los ERE fraudulentos, que iban a comenzar el 23 de julio, se retrasarán al menos un mes debido a los problemas para conseguir las direcciones domiciliarias para efectuar las citaciones y a los retrasos en la petición de documentación. El presidente de la comisión parlamentaria, Ignacio García (IU), ha señalado en rueda de prensa que el miércoles se reunirá para debatir una nueva planificación de los trabajos y se formulará una propuesta de nuevo orden de comparecencias, con lo que previsiblemente retrasarán su inicio hasta finales de agosto o principios de septiembre.

Ha dicho que se ha producido "una dificultad superior a la prevista" para encontrar las direcciones de los comparecientes y para solicitar los documentos necesarios, por lo que si comenzara en julio no se podrían garantizar los derechos necesarios. García ha argumentado que hay que garantizar los quince días de los que deben disponer los comparecientes para preparar su comparecencia y el plazo "razonable" para los miembros de la comisión para estudiar la documentación. "Por encima de todo está el buen funcionamiento de la comisión", ha dicho García, quien ha informado de que a fecha del viernes pasado todavía no se había citado aproximadamente a la mitad de los comparecientes por no disponer de su domicilio actual, entre los que está el exministro Eduardo Zaplana.

Antes de fijar una nueva fecha para el comienzo de las comparecencias se intentará asegurar que se van a garantizar los derechos de los comparecientes, de forma que se salve "la seriedad y el rigor de la comisión" asegurando el cumplimiento de los nuevos plazos. Ha señalado que se tratará con los grupos esa revisión del calendario y ha recordado que previsiblemente el orden será de menor a mayor nivel de responsabilidad política y agrupados por consejerías.

El presidente de la comisión ha achacado el retraso a que con la Ley de Protección de Datos resulta difícil "hasta para un Parlamento" conseguir las direcciones de las personas, porque la Cámara "no dispone de los domicilios de todos los andaluces", motivo por el cual para las citaciones han tenido que recurrir incluso al Instituto Nacional de Estadística o a la Policía Autonómica. Ha añadido que cuando se aprobó el calendario actual, el pasado dos de julio, creían que habría un plazo "razonable" hasta el 23 de este mes para iniciar las comparecencias, y ha dicho que "hubiera ayudado que los distintos grupos parlamentarios hubiesen facilitado las direcciones de los comparecientes".

Respecto a la documentación, que también acumula un retraso, ha afirmado que es prácticamente toda de la Junta de Andalucía, pero que también se ha pedido a alguna entidad privada, incluso de otras comunidades autónomas. Sobre las citaciones para los imputados que están provisionalmente en prisión ha dicho que todavía no saben cómo se llevarán a cabo. Además, ante la posibilidad de que el PP solicite nuevos comparecientes y más documentación, García ha recordado que los que se fijaron son "una primera tanda" y que la lista "no está cerrada", por lo que "en cualquier momento un grupo puede solicitar" otros y la comisión decidirá sobre ello. Entre las 25 comparecencias ya aprobadas están las de el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, el expresidente andaluz Manuel Chaves y los dirigentes del PP Javier Arenas y Eduardo Zaplana.