El alud de andaluces que demanda recibir los recursos de la Ley de Dependencia se encuentra lejos de mitigar pese a que, cumplidos 20 meses de la puesta en funcionamiento efectiva de la norma, la intensidad haya disminuido con respecto a los primeros meses de aplicación. Cada día, unos 530 andaluces demandan de la Junta de Andalucía un recurso asistencial o una paga económica y ésta, obligada a conceder una ayuda para evitar un recurso ante los tribunales, ya ha dado la voz de alerta al Gobierno de que necesita más dinero para amainar la avalancha. Con datos a 1 de diciembre del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 222.392 andaluces han presentado una solicitud para la atención a la dependencia, 16.588 más que a 1 de noviembre. En este mes, cuatro de cada diez españoles que pidieron ayudas procedieron de Andalucía.

La segunda comunidad más poblada, Cataluña (7,2 millones de habitantes) casi tiene un tercio menos de solicitudes de dependientes a estas alturas de aplicación de la norma, 89.345, y la siguiente en número de población, Madrid (6 millones), sólo ha registrado 22.690, casi diez veces menos. En el total nacional, casi el 30% de los demandantes son andaluces, pese a que el porcentaje de población de Andalucía en el conjunto del Estado es del 17,8%.

Ante esta situación, ¿cómo responde la Junta? Según las estadísticas del Ministerio, se ha valorado al 81% de los solicitudes y se ha dictaminado sobre el 74,2%. De estos últimos, 94.856 deben recibir ayuda como grandes dependientes -el Libro Blanco que precedió a la ley preveía entre 34.000 y 42.000- y 19.919 como dependientes severos de nivel II. Estos 114.775 dependientes tienen derecho a una prestación, y en torno a 90.000 la están recibiendo.

A partir del 1 de enero de 2009, tendrán derecho a una ayuda los severos de nivel I, de los que ya se ha dictaminado a unos 20.000 que, hasta el próximo 1 de enero, no podrán beneficiarse de la ley. Con un presupuesto de 530 millones de euros en las arcas andaluzas para 2009, la Junta reconoció la semana pasada que el montante es insuficiente, admitió Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social, que pidió al Estado una redistribución de los fondos "que no perjudique a las comunidades más implicadas".

Javier Arenas, presidente del PP-A criticó ayer que Navarro fue la única que aplaudió al Gobierno en el último Consejo Territorial mientras Cataluña o Extremadura, del PSOE, alzaron la voz para pedir más financiación. El Gobierno sólo destina un tercio del compromiso asumido antes de la ley, asumir el 50% de la financiación total.