Los andaluces quieren que sean las administraciones las que le soluciones los problemas medioambientales y, además, defienden que lo hagan con mano dura, con más sanciones y leyes más exigentes. Así lo recoge los resultados del nuevo Ecobarómetro elaborado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (Iesa) para la Consejería de Medio Ambiente. La consejera del ramo, Cinta Castillo, que ayer presentó el informe en Sevilla, aseguró que su departamento toma nota de los resultados obtenidos en la encuesta, a la vez que negó que las siete leyes medioambientales que acaban de modificar los socialistas en el Parlamento vaya a suponer una relajación de la norma, como denuncian los ecologistas. "Ni aumenta ni disminuye el contenido de estas leyes, lo que se hace es agilizar los procedimientos", sentenció.

En tiempos de crisis, la preocupación por el medio ambiente desciende en la lista de los principales problemas de la sociedad al tercer puesto, alcanza el 16,2%, casi nueve puntos menos que hace un año. Crece, sin embargo, la preocupación por el paro y la economía, el principal problema para el 98% de los encuestados (71,9% hace un año), seguido de la vivienda (20,4%).

El Ecobarómetro, que este año amplía el tamaño de la muestra hasta las 3.148 entrevistas, refleja que casi una cuarta parte de la población ve mal o muy mala la situación ambiental en Andalucía, frente al 30,3% que la considera buena o muy buena.

El ruido, la suciedad y las basuras se colocan entre los tres primeros problemas para la sociedad en las ciudades, mientras que en el conjunto de la comunidad son los incendios forestales, la falta de agua y la contaminación de playa y mares. Aunque aquí los datos varían según las provincias. A los onubenses les preocupa especialmente la contaminación del aire, a los Almerienses la gestión del agua y para los malagueños la defensa de la costa y el urbanismo. Un 38,5% de la población percibe que el modelo de desarrollo urbanístico de los últimos años ha tenido un impacto especialmente negativo en su ciudad.

Los entrevistados dicen sentirse preocupados por la situación del planeta -una gran mayoría dice que recicla (69%), ahorra agua (84%) y hace un uso eficiente de la energía (76%)- pero no perciben la misma respuesta en sus vecinos, por lo que piden una acción más decidida de las administraciones. La mitad de la población defiende la filosofía de que el que contamina paga y que se endurezca las sanciones, un 38% defiende leyes más estrictas y un 33% pide que se facilite la participación social.