El pacto alcanzado por la Fiscalía y los abogados de ex concejales del GIL para agilizar las decenas de causas urbanísticas pendientes en los juzgados malagueños podría estar en la cuerda floja. El Ayuntamiento de Marbella, que está personado en más de 80 procedimientos abiertos por concesión de licencias de obras ilegales, anunció ayer que no está dispuesto a secundar este acuerdo, por lo que exigirá la celebración de un juicio por cada una de las denuncias presentadas por delitos contra la ordenación del territorio.

El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero (PP), explicó que el Consistorio va a mantener la acusación contra los ex ediles gilistas en "los mismos términos" que hasta ahora, es decir, que cada caso sea juzgado por separado, porque "consideramos que así se beneficia a Marbella".

Romero lamentó que ningún representante del Ministerio Fiscal se haya puesto en contacto con el Ayuntamiento para dar cuenta de por qué se ha negociado un máximo de un año de prisión por delito para los seis ex ediles que se han adherido al pacto, aunque en la práctica la condena total será de hasta tres años porque la ley establece que en el caso de delitos conexos se cumplirá el triple de la pena máxima impuesta.

"Lo que queremos es que se garantice que vamos a recuperar todo lo que se ha perdido de las arcas municipales", continuó el edil popular, que considera importante que la Fiscalía haga todo lo que esté en sus manos para exigirles también responsabilidades civiles a los concejales causantes del caos urbanístico del municipio.

Aunque todavía los servicios jurídicos del Consistorio no han determinado los pasos que van a seguir, Romero apuntó que el objetivo es "reclamar todo lo que sea reclamable", porque la Administración local debe ser compensada por el perjuicio causado durante toda la era GIL. En este punto, los populares coinciden con el grupo municipal socialista, que anunció el lunes que va a exigir al Ministerio Fiscal que investigue a fondo el patrimonio de los beneficiados del pacto -Julián Muñoz, Rafael González, Marisa Alcalá, Dolores Zurdo, Manuel Calle y Mario Jiménez- para que se les pueda reivindicar responsabilidades civiles por haber participado en la concesión de licencias contrarias al PGOU de 1986.

Para el portavoz del gobierno de Ángeles Muñoz, la Fiscalía debería haber hecho partícipe al Ayuntamiento en las negociaciones llevadas a cabo con las defensas de los seis ex gilistas, ya que éste ha sido el principal perjudicado de todo lo acontecido durante los cuatro mandatos del GIL. "Alguien tendría que habernos explicado qué beneficios tiene este pacto que nació por pura economía procesal, porque así se evitaría colapsar los juzgados de Málaga con las alrededor de 100 causas pendientes por delito urbanístico", sostuvo el concejal marbellí.