Técnicos españoles, británicos y gibraltareños siguen negociando un acuerdo de intercambio de información fiscal en el seno del Foro de Diálogo. El compromiso de alcanzar un acuerdo en esta materia está incluido en una de las seis áreas de trabajo que el proceso a tres bandas diseñó el 21 de julio del año pasado -cumbre ministerial celebrada en el Peñón-, en concreto en la de servicios financieros y fiscalidad, pero ese compromiso no tiene plazo para su materialización y, a día de hoy, está todavía lejos de ser una realidad.

Han existido negociaciones técnicas desde esa fecha sobre un modelo de acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que incluye, al igual que cualquier modelo, unas cláusulas generales que lógicamente sí han sido aprobadas por las tres partes. En cuanto al resto del contenido, también se han registrado avances, pero aún queda mucho por hacer, ya que los técnicos españoles quieren garantizar por parte de Gibraltar el máximo cumplimiento de lo que se acuerde.

Por otro lado, una vez concluido el trabajo de los técnicos de las tres delegaciones que participan en el Foro de Diálogo, esa labor tendrá que ser refrendada a nivel político, siendo ésta la fase más compleja del proceso al contemplar, entre otras cuestiones y flecos, la firma del acuerdo.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que la firma entraña "enormes dificultades que no han sido ni resueltas, ni tratadas para permitir la viabilidad y el progreso del trabajo técnico". En ese sentido, la posición de España es clara e idéntica a la aplicada hasta la fecha: el Gobierno tiene el convencimiento de que no puede firmar nada con Gibraltar, pues sólo considera competentes a las autoridades del Reino Unido para la rúbrica.

Es obvio pensar que la posición gibraltareña es bien distinta, más aún cuando la pericia del ministro principal del Peñón, Peter Caruana, y el beneplácito del Reino Unido han permitido a las autoridades del Peñón firmar directamente un nutrido número de acuerdos de intercambio de información fiscal, algo que España no ha visto con buenos ojos.

Lo que sí considera España positivo es el camino que Gibraltar inició en 2009 hacia una mayor transparencia fiscal a través de estos acuerdos, un total de trece, que le permitieron salir de la lista gris de la OCDE e ingresar en la llamada lista blanca.

No obstante, esta relación es sólo un listado de países y territorios que han cerrado doce o más de estos acuerdos en un nuevo criterio establecido por el G20 y la OCDE en abril del año pasado, lo que significa que el Peñón, considerado un paraíso fiscal, tiene que atesorar esos compromisos llevándolos a la práctica. Los primeros acuerdos en entrar en vigor fueron, el 21 de diciembre, los rubricados con Estados Unidos y Groenlandia.

La rúbrica del acuerdo entre el Gobierno de Washington y el Ejecutivo de Gibraltar se había producido el 31 de marzo en Londres, apenas dos días antes de que el Peñón hubiera sido incluido en la lista gris junto a otros 31 países y territorios, entre ellos Andorra, Liechtenstein, Barbados y Bahamas.

Siete meses más tarde, en octubre, las autoridades gibraltareñas lograron el acceso a la lista blanca, no sin firmar antes otros doce acuerdos con Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Australia, el Reino Unido, Dinamarca, Austria, Francia, Portugal, Finlandia, Groenlandia y las Islas Feroe. El Gobierno de Peter Caruana se había puesto como fecha límite para ingresar en la lista blanca el 20 de noviembre, así que logró cumplir los plazos.

Y es que tras los requerimientos de la OCDE y el G20 para dificultar la evasión de impuestos y fortalecer los criterios internacionales en los centros financieros, 2009 fue un año especialmente prolífico en la firma de acuerdos de intercambio de información fiscal, pues se cerraron más de 110 incluidos los de Gibraltar. En 2008 se firmaron 22 y antes de ese año, apenas 23.

La consecución de estos acuerdos ha sido un importante logro para el Gobierno socialdemócrata de Caruana, consciente de que el intercambio de información es cada día más vital. Igualmente trascendente es para el Ejecutivo del GSD cambiar la opinión que sobre el centro financiero de Gibraltar existe fuera del Peñón.

Estos acuerdos se traducen en que los países con los que Gibraltar ha concertado este intercambio de información podrán acceder a los datos que necesiten para que se respete su legislación fiscal, incluyendo cuentas bancarias en el Peñón. De igual forma, podrán requerir -y viceversa- información sobre todo tipo de impuestos en cuestiones civiles y criminales.

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