El Acuerdo por el Agua propuesto por la Junta consiguió ayer el respaldo de todos los agentes sociales representados en Consejo del Agua. El documento final, que ahora queda pendiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno emana a lo largo de sus 97 punto las directrices marcadas con el horizonte de 2015 por la Unión Europea en este asunto, esencialmente en la recuperación del buen estado ecológico de todas las masas de agua y el traslado, a todos los usuarios, de de los costes del servicio. La Agencia Andaluza del Agua defiende, como uno de los fines del acuerdo, que cualquier andaluz, independientemente de la zona en la que viva, pague un mismo precio por un mismo servicio. Un nuevo impuesto para el uso urbano (con el que la Junta confía en recaudar 110 millones anuales) y el establecimiento de la tarifa volumétrica (a través de contadores individuales) y progresiva serán las claves para lograr esta meta que queda en manos del Observatorio del Agua.

La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, eludió sin embargo precisar ayer más sobre los cambios que se avecinan en los precios del agua. "Estamos hablando de la calidad de un servicio que debemos garantizar desde Andalucía", dijo Castillo que no quiso precisar más datos hasta que no culmine el desarrollo de la nueva Ley de Aguas que redacta su equipo. Lo cierto es que el acuerdo traerá cambios y para todos los usuarios porque impondrá que tanto agricultores -los máximos consumidores y que hasta ahora pagaban por hectáreas regadas- como industrias y uso urbano pasen en el plazo de siete años a una tarifa en la que se paga por los metros cúbicos consumidos, incentivándose el ahorro y penalizando el derroche. Aunque el aumento del precio del agua será mínimo en los primeros años de aplicación de la futura ley del agua, el fin último es que en 2015 se logre recuperar todos los costes, como establece la Directiva europea.

El Observatorio del Agua, que se constituye como nuevo órgano de participación e información con facultad para elaborar reglamentos y directrices, tendrá la encomienda de ir homogeneizando los precios. Así, determinará un sistema tarifario, con posibilidad de excepciones, en tres tramos: básico, ordinario y excesivo. También determinará el nuevo canon, que intenta imponer, sin éxito, la Consejería de MedioAmbiente al uso doméstico desde la pasada legislatura.

"Será asequible y equitativo", fue todo lo que avanzó ayer Castillo sobre el nuevo impuesto progresivo y con factores de corrección en función de los componentes de un hogar. Éste debe permitir la recuperación de las inversiones en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración. En realidad, para buena parte de los usuarios esta tasa impositiva no supondrá un incremento del precio ya que sustituiría a un canon similar que ya aplican 20 empresas supramunicipales que suministran a las ciudades donde se concentra la mayoría de la población andaluza. Una de las primeras medidas acordadas es la firma de un acuerdo con las cajas de ahorros para financiar la sustitución de los contadores comunitarios por los individuales.

La Consejería tampoco llegó a precisar la inversión necesaria para poder desarrollar al tiempo el Acuerdo del Agua. Sólo en saneamientos y depuración hay que invertir 2.000 millones. El Acuerdo insta a fomentar los mecanismos de inversión público-privada para acelerar la ejecución de las infraestructuras en un periodo de crisis.