El acoso se silencia en lo público

  • Una investigación premiada por la Junta aconseja un protocolo de actuación ante el 'mobbing' a funcionarios · Los sindicatos reclaman a la Administración andaluza el cumplimiento de la ley de riesgos laborales

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"El miedo impide dar un paso", asegura Djamil Tony Kahale, investigador cuyo trabajo El código de conducta ante situaciones de acoso laboral en la administración pública ha merecido uno de los Premios Blas Infante que, desde hace trece años, convoca el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP). En concreto, el trabajo obtuvo la distinción por la contribución a la gestión del servicio público.

El acoso, en sus diferentes formas, no es una lacra exclusiva de la función pública, pero en ésta se dan unos condicionantes que la hacen más intensiva, expone el autor. Al ser violencia contra un puesto fijo, el puesto ejecutivo -el hostigador frecuente- no puede amenazar con la rescinsión o no renovación de un contrato, por lo que la presión se dirige a "perderlo de vista" con un traslado, una renuncia o una baja por enfermedad, es decir, "que desaparezca del entorno laboral en el que presta sus servicios", apunta Kahale, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad a Distancia de Madrid (Udima).

La investigación aconseja y aporta un protocolo de actuación para la prevención y tratamiento del acoso laboral. Su puesta en práctica beneficiaría, señala el investigador, la implantación del código de conducta que recomienda el Estatuto Básico del Empleado Público, de 2007, un avance pero aún no suficiente para muchos.

Este protocolo tiene el objetivo de la resolución favorable de las denuncias de acoso y dispone de herramientas para prevenir, identificar, evaluar e intervenir ante las situaciones probables de acoso laboral. En resumen, que el problema se resuelva en casa y evitar en lo posible la vía de los tribunales.

"Hay mucha gente que se esconde, que se para por miedo a que se entere el jefe de que fue él quien puso la denuncia y que se dice a sí mismo que no está siendo acosado, lo que no quiere decir que no haya acoso", expone el autor del estudio. Ni un caso de cada mil de violencia psicológica que pudiera ser tipificado como acoso es denunciado ante instancias ajenas a la Administración (laboral, penal, civil, contencioso-administrativa...), exponen varios estudios.

Los mismos análisis que, aseguran, que el mobbing o sus variantes afecta más a funcionarios públicos, a mujeres y a jóvenes en situación laboral precaria, en definitiva, a todo aquel que se convierte en amenazante para otros.

Según la asociación de víctimas del acoso y el maltrato laboral en Andalucía (Avamla), la incidencia del mobbing en los trabajadores de la Administración se elevaría a un 22%, seguido del 19% de los trabajadores de medios de comunicación y organizaciones políticas y sociales o el 13% de las plantillas sanitarias.

Los sindicatos con responsabilidades en función pública manejan que uno de cada diez funcionarios es objeto de acoso laboral por parte de sus superiores.

CCOO, UGT y CSI-CSIF, los sindicatos con mayor representación entre el funcionariado, exigen que se implante un protocolo de prevención del maltrato en la Administración. Y ponen el objetivo en la Junta de Andalucía. Francisco Jurado, de CCOO, señala que la Junta no destaca por su celo en aprobar planes de prevención de riesgos laborales en todas sus consejerías y delegaciones, como mandata la ley de 1995, comenta.

"Las delegaciones que las tienen es por requerimiento de Inspección de Trabajo", apunta Jurado, que señala a las consejerías de Empleo y Justicia y Administración Pública. "Años llevamos reivindicando que se denuncie esta situación de indefensión de los empleados públicos por la no aplicación de este ley", señala Antonio Tirado, de UGT.

José Manuel Muñoz, de CSI-CSIF, considera que a la Administración debe preocuparle la detección de estos casos y que el sindicato lleva dos años esperando un decreto que modifique la estructura de prevención de riesgos laborales. "Sólo a un 10% de los empleados públicos se les vigila su salud cuando debería ser a todos de forma periódica", lamenta Muñoz.

El protocolo que aconseja la investigación premiada propone que la persona afectada ponga el hecho en conocimiento del servicio de prevención de riesgos laborales para intentar la resolución y, de no ser así, se presentará ante el servicio de prevención de riesgos laborales en un plazo que no podrá exceder de dos meses desde el último episodio de acoso. Luego se daría una investigación por parte del jefe de servicio de riesgos laborales y un informe con conclusiones que llegará a la dirección de función pública para tomar la decisión. Una posible solución ante el acoso laboral que los empleados públicos piden tener en cuenta.

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