Si para algo sirvió la cena que el pasado miércoles ofreció José Luis Rodríguez Zapatero a los gobernantes socialistas de nueve comunidades autónomas en el palacio de la Moncloa fue para dejar el acuerdo final sobre el nuevo sistema de financiación autonómica para septiembre u octubre, alejado de las calurosas calendas congresuales socialistas de julio.

La promesa del vicepresidente económico, Pedro Solbes, de que el nuevo modelo entrará en vigor en 2009 sirvió para que el presidente de la Generalitat, José Montilla, encajara sin rechistar el incumplimiento del Estatut, que fijaba el 9 de agosto como fecha límite para alcanzar un acuerdo bilateral entre el Estado y Cataluña en el seno de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. Aparentemente, el catalán lo digirió bien.

Pero la cena sirvió también para que el vicepresidente económico Pedro Solbes advirtiera que el nuevo sistema de financiación autonómica no contará con los recursos suficientes para satisfacer plenamente la demanda de todos, aunque destacó que lo importante era que entrara en vigor el 1 de enero de 2009, y se comprometió a aumentarlos a partir de 2010.

Además, el vicepresidente explicó los siete principios generales en los que se basará la reforma: la igualdad de acceso a los servicios públicos para todos los españoles, la suficiencia para que las comunidades autónomas cumplan con las competencias atribuidas, la corrección del sistema por la variable de población u otras que se acuerden, el aumento de la cesión de impuestos, el incremento de la corresponsabilidad fiscal creando espacios fiscales propios a través de normativa, garantizar la suficiencia financiera del Estado de acuerdo con sus competencias, así como la unidad de mercado a través del Impuesto de Sociedades. Y dejó claro el procedimiento negociador: reuniones bilaterales para alcanzar un acuerdo multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para la Generalitat y el PSC, por mucho que Montilla no objetara nada durante la cena, el retraso del acuerdo sobre el nuevo modelo al otoño hace que en el congreso del PSOE pierda el poder de presión sobre Rodríguez Zapatero, que es el único que puede, a su vez, influir sobre Solbes para que el nuevo sistema le suponga a Cataluña ingresar 4.870 millones euros más que en 2008. En 2006, el último ejercicio liquidado, los recursos que obtuvo esta comunidad autónoma ascendieron a 18.920 millones de euros de los 110.030 millones que recibieron todas, que se beneficiaron de un incremento del 21,7% con respecto al año anterior. Andalucía encabezó el ranking con 20.090 millones.

La propuesta catalana de nivelación parcial, que limitaría la solidaridad a la sanidad, la educación y los servicios sociales, parece descartada no porque el vicepresidente económico no la vea con buenos ojos, que la ve, sino porque no comparte el cálculo realizado por la Generalitat, que fija en una horquilla del el 65% al 75% los gastos que entran dentro del mecanismo de solidaridad. Para zanjar este asunto, el propio presidente del Gobierno subrayó tras la cena que estos tres servicios, con la inclusión de la atención de dependientes, representan el 90% del gasto.

Por el contrario, el elaborado proyecto de financiación andaluz, defendido con reiteración tanto por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, como por su actual vicepresidente económico, José Antonio Griñán, durante los dos últimos años, cuenta con más apoyo de todos los gobernantes socialistas, excepto el del presidente balear, que está más próximo la propuesta catalana.

Básicamente, la Junta defiende que el mecanismo de nivelación siga afectando a todos los servicios públicos básicos y que los recursos destinados a educación reciban un tratamiento específico, como sanidad y asuntos sociales. Además, mantiene que se debe tener en cuenta la población en edad escolar y un aumento del peso de los servicios sociales por la Ley de Dependencia.

Al vicepresidente económico le gusta de la propuesta andaluza la base filosófica que lo sustenta: buscar soluciones comunes a los problemas de cada comunidad, y el discurso de unidad del que Chaves y Griñán -antítesis del de José Montilla y Antoni Castells, consejero de Economía catalán- hacen gala cuando lo defienden. Pero no comparte la nivelación que plantean los andaluces.

Mientras, Solbes buscará satisfacer a Montilla y a los suyos con un nuevo modelo que sea menos estático, que se adapte a las cambiantes necesidades de las autonomías, y que deje de penalizar a las comunidades que, como Cataluña, hacen mayor contribución fiscal. La Generalitat y el Gobierno iniciarán el miércoles la negociación bilateral del nuevo modelo de financiación, como plantea el Estatut, con la reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales.

Sobre estas propuestas de la versión fiscal de las dos Españas, Solbes tendrá la difícil tarea de pactar con todas las comunidades de régimen general una nivelación equitativa del gasto público por habitante, a sabiendas de que cuadrar la financiación resultará imposible mientras que el País Vasco y Navarra formen una tercera España, la que disfruta de un concierto económico que quiebra el principio de igualdad, que supone una tentación para Cataluña y el principal peligro para la solidaridad interterritorial. La propuesta de los expertos, inviable políticamente, de que estas dos comunidades se incorporen al régimen general facilitaría la cuadratura del círculo.