La anulación del Plan Especial de la carretera de Palma del Río por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) abrió ayer una nueva brecha en el seno del cogobierno que rige los destinos del Ayuntamiento, en manos de IU y del PSOE. La sentencia del Alto Tribunal, que es un duro golpe para la postura que ha mantenido el Consistorio durante los últimos cuatro años, sirvió para que el primer teniente de alcalde, Rafael Blanco (PSOE), se apresurara a denunciar la ejecución anterior del proyecto y manifestó que "no nos valdrá el mismo plan formulado desde lo público porque sería asumir la iniciativa de un infractor", en referencia a Gómez. Pero el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Andrés Ocaña, pidió al número dos del cogobierno que "evite las lecturas partidistas" porque "no vale" aceptar "sólo lo que conviene" de la sentencia, en referencia a que hay partes de la resolución en la que se estima "adecuada", según Ocaña, la actuación municipal. Y es que el máximo responsable del urbanismo de la ciudad manifestó que el dictamen del TSJA se acatará en todos los sentidos, tanto en aquellos en los que quita la razón al Ayuntamiento como en los que "avala los que son perfectamente legales", entre los que se encuentran, según el presidente de la Gerencia, "los temas de planeamiento industrial, su ubicación, su distribución y su dimensión". La alcaldesa, Rosa Aguilar, por su parte, señaló que la sentencia traza una "hoja de ruta" sobre lo que hay que hacer.

Este nuevo enfrentamiento en el seno del cogobierno en apenas cuatro meses llega después del enfrentamiento por la redacción de las ordenanzas, del que se produjo a costa de la programación de la Televisión Municipal y del ocurrido por los presupuestos de Sadeco. Todo ello ocurre, además, en el marco de la negociación del presupuesto de este año, que, según fuentes de IU y del PSOE, está en el dique seco y el horizonte de aprobación se fija por los más optimistas en abril o entrado mayo.

La sentencia del TSJA considera viable el ajuste de las naves de la Colecor al plan de la carretera de Palma, aunque tenga que reducirse su volumen edificado, y rechaza el contenido de esta iniciativa porque fue promovido por Rafael Gómez en lugar de haber sido desarrollado por una institución pública, debido sobre todo a su dimensión. En este punto, Rafael Blanco se dirigió a quienes han sido responsables del proceso seguido durante los últimos cuatro años y manifestó que le gustaría que "se reconocieran los errores". Y, aunque como recordó Blanco, el PSOE siempre ha votado en contra de esta iniciativa, habría que recordar en este punto que fue el socialista José Mellado el que impulso la iniciativa donde se incluían las naves de Gómez en 2003.

Pero Ocaña, quien no quiso referirse a su predecesor en la Gerencia cuando el martes fue preguntado por los periodistas sobre el tema, entiende que "todos tenemos que ser objetivos y asumir la sentencia en su totalidad, como yo he hecho", recalcó.

Aparte, el portavoz municipal del PP, José Antonio Nieto, señaló que su partido ya aseguró en la aprobación inicial del plan que era "más lógico" que el Ayuntamiento se encargara del mismo y no un sólo propietario "dueño de diez de las 150 hectáreas que abarca". A pesar de que el PP siempre ha apoyado esta iniciativa, sostiene ahora que PSOE e IU optaron por "la salida más difícil y con menos garantías" y se preguntó qué será ahora de los trabajadores, aunque éstos ya estaban empleados en unas naves ilegales.