La defensa de Roca cifra en 24 millones los perjuicios de administración judicial

  • El abogado del ex asesor urbanístico marbellí, José Aníbal Álvarez, afirma que se están subastando todos los bienes de su defendido porque no se han atendido los pagos hipotecarios a los que había que hacer frente y ha anunciado que solicitará una auditoría

La defensa del ex asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca cifra en 24 millones de euros los perjuicios económicos derivados de la "mala gestión" de los bienes intervenidos a su cliente en el "caso Malaya" por parte del que fue administrador judicial, cesado el pasado febrero.

El abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, ha asegurado hoy que se están subastando todos los bienes de su defendido porque no se han atendido los pagos hipotecarios a los que había que hacer frente y ha anunciado que solicitará a través del juzgado que se realice una auditoría, medida ante la que se habrían mostrado de acuerdo los actuales administradores judiciales.

El letrado ha realizado estas manifestaciones durante su intervención en la vistilla celebrada en la Audiencia Provincial de Málaga para estudiar los recursos contra el auto que fijaba una fianza de un millón de euros para que Roca eludiera la prisión por el "caso Malaya", así como ante los periodistas al terminar la misma.

Álvarez ha aseverado que "han desaparecido bienes" de Roca y ha afirmado que el ex administrador judicial no ha atendido tampoco distintos procedimientos judiciales en relación con el patrimonio de su cliente, lo que ha originado unos perjuicios económicos que superan los diez millones de euros, cifra que se incluye en la cuantía inicial denunciada por el abogado.

Ha señalado que los bienes trabados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella "están para responder de una hipotética condena en un futuro" de su defendido y ha destacado que en el caso de que fuese absuelto "tendrían que devolverle los bienes en su mismo estado, cosa que no va a ocurrir porque tenemos un desfase de la cifra nada desdeñable de 4.000 millones de pesetas".

El administrador judicial José Luis Gallardo, que se encontraba a cargo de las sociedades intervenidas a Roca en la "Operación Malaya", cesó en febrero tras presentar su renuncia al cargo "por motivos personales".

En la resolución, el juez instructor del caso instaba a Gallardo a presentar un informe de su gestión en el que se especificaran las retribuciones percibidas y una propuesta de liquidación de sus honorarios y se establecía el nombramiento de dos nuevos administradores judiciales en sustitución del cesante.

Abogados de varios procesados en la causa contra la supuesta trama de corrupción municipal aseguraron entonces a Efe que dicha decisión respondía a causas profesionales y criticaron la actuación del administrador judicial durante todo este tiempo.

Por su parte, la defensa Roca lamentó que el juzgado no actuara de oficio tras el fallecimiento de varios caballos propiedad del ex asesor urbanístico.

En julio de 2007, la interventora de la ganadería Marqués de Velilla, propiedad de Roca, solicitó al juez instructor que el administrador judicial a cargo de la sociedad justificara la subasta de dos caballos de pura raza española.

Gallardo autorizó la puesta a la venta de dos ejemplares de la ganadería del ex asesor urbanístico en una subasta organizada dentro del III Salón Internacional "Equmediterránea", que finalmente fue suspendida por el escaso interés de los asistentes en la adquisición de equinos.

Además, el responsable judicial de la ganadería ya autorizó en diciembre de 2006 la venta de 23 caballos de pura raza española a la ganadería catalana "R. Nieto", entre los que estaban el semental principal y nueve yeguas preñadas.

Esta venta se produjo tres meses después de que se denunciase que al menos tres potros de Marqués de Velilla habían muerto y una decena de ejemplares permanecían enfermos, según admitió la Junta de Andalucía en septiembre de 2006 cuando se denunció la situación de la explotación ganadera.

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