El pacto cerrado entre la Fiscalía y seis ex ediles del GIL, incluido el ex alcalde Julián Muñoz, para agilizar las causas urbanísticas, que prevé el ingreso en prisión de los ex concejales y una condena máxima de tres años de casos porque los delitos urbanísticos se consideran conexos, no ha gustado ni a los políticos ni a los vecinos de Marbella.

El consejero andaluz de Turismo, Luciano Alonso, declinó extenderse sobre el asunto, aunque a pesar de sus pocas palabras dejó muy clara su opinión. "Simplemente no me gusta", dijo tras ser preguntado por el acuerdo en una rueda de prensa en la capital malagueña.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), consideró ayer que el expolio del patrimonio de la ciudad les va a salir "muy barato" a los ex ediles y añadió que el pacto no ha sido entendido por los vecinos. "El sentir de la ciudadanía es que sale muy barato delinquir desde una Administración pública", comentó la regidora, que puso de manifiesto el agravio comparativo que existe entre las penas que se impondrán a los ex concejales gilistas con las que pueden recibir los acusados en otros procedimientos penales.

También dijo que el equipo de gobierno local "no estará más o menos contento" en función de los años de prisión que puedan recaer sobre los ex miembros del GIL, pero sí consideró conveniente que la Fiscalía General del Estado explique con detalle los pormenores del acuerdo alcanzado. Insistió, como ha recalcado otras veces, que su objetivo es "recuperar hasta el último euro" que ha salido de las arcas municipales durante los últimos 15 años, y advirtió de que lo hará "de forma combativa".

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara, Alejando Dogan, precisó que el acuerdo puede suponer "todo un negocio que habría que replantearse".

El pacto entre el Ministerio Público y los seis ex ediles del GIL se cerró el jueves. Además de Muñoz, han aceptado las condiciones Rafael González, Manuel Calle, Mario Jiménez, Marisa Alcalá y Dolores Zurdo.

A todos se les computará el tiempo de prisión que ya han cumplido por delito urbanístico, que son sendas condenas a un año de cárcel por los casos Proinsa y Moansa.