La Policía investiga dos bufetes jurídicos por otro presunto fraude en Marbella

  • Los juzgados marbellíes ordenan el registro de las sedes de dos firmas de abogados, buscando datos sobre un convenio urbanístico que afectaba a una parcela que fue propiedad del actor Sean Connery

Los convenios urbanísticos presuntamente fraudulentos en Marbella siguen siendo motivo de investigación por parte de los juzgados de instrucción de la localidad. El miércoles, agentes de la Policía Judicial, acompañados por técnicos de Hacienda, realizaron dos registros en sendas sedes de la firma Díaz-Bastien & Truan Abogados, ubicadas en Marbella y en Madrid. Según fuentes cercanas a la investigación, la operación está relacionada con un presunto blanqueo de capitales en el sector inmobiliario.

El registro tuvo lugar durante aproximadamente 12 horas, en las que, según ha podido saber este periódico, se requisó información vinculada al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex asesor urbanístico de la localidad Juan Antonio Roca sobre el convenio urbanístico que permitió la construcción de 72 viviendas en una parcela calificada en el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 como suelo urbano para vivienda unifamiliar, con un máximo de cinco chalés. Así, el registro tuvo lugar por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, en lo que es una pieza separada del caso Malaya. Más de un centenar de sociedades podrían estar involucradas en la trama.

La parcela en cuestión es la finca Malibú, en la que antiguamente se ubicaba la residencia del actor escocés Sean Connery en Marbella. Connery, que abandonó la ciudad en 1999, la puso a la venta por 9 millones de dólares. En ella hay, según indicó Javier de Luis, miembro de Ecologistas en Acción, actual edil de PSOE marbellí y ex asesor técnico de Urbanismo de la comisión gestora de Marbella, un "exceso de edificabilidad" que provocó que la licencia fuera impugnada por la Junta de Andalucía; y posteriormente la gestora inició el proceso de revisión de la misma, para proceder a su nulidad.

Así, el expediente se inicia en el año 2001 a la empresa By The Sea SL, al parecer, según De Luis, "una compañía extranjera".

El proyecto básico se aprobó el 8 de mayo de 2002 y el de ejecución, el 28 de abril de 2003. La licencia de primera ocupación también fue concedida. Ahora, para regularizar su situación, deberá ceder más de 5.000 metros cuadrados en la zona del litoral, con calificación de Parques y Jardines donde se creará el paseo marítimo.

Desde el bufete, sus responsables de comunicación alegan que el registro estuvo "fuera de lugar", ya que el requerimiento habitual es "más que suficiente". Así, afirman que se trata de "un tema fiscal" y que el registro "fue realizado por inspectores de Hacienda, pero se necesitaba la presencia de Policía Judicial". En este caso, preguntados por la vinculación de esta investigación con el caso Malaya, desde el despacho se aseguró que Hacienda "se sube al remolque de las indicaciones del Tribunal de Cuentas, por lo que hay investigaciones que pueden aparecer ligadas pero que no lo están". De igual modo, la empresa responsable de la comunicación de Díaz-Bastien & Truan Abogados, Cenit Media, afirma que se trata de un "ataque en toda regla" hacia la compañía.

Según consta en el sumario judicial de la operación Malaya, Juan Antonio Roca sería posiblemente propietario de un apartamento en la urbanización: "En el informe de la de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial 38.112/07 que figura en los folios 28.184 a 28.295 del tomo XCIX de las actuaciones, se recogen diversos inmuebles que han sido propiedad de Roca por medio de sociedades interpuestas y una serie de testaferros. En el archivo informático localizado en las oficinas de Maras Asesores se reflejan una serie de inmuebles que serían propiedad de Roca por medio de sociedades interpuestas con referencia a su descripción, fecha de compra, sociedad y ubicación (folio 28.186). Estos inmuebles serían el piso de la calle Goya nº 59 4º B de Madrid, un piso en la urbanización La Trinidad de Marbella, apartamentos en Village, Malibú y el Embrujo", según puede leerse en el sumario.

De Luis pone en este punto la nota analítica con respecto a la realidad de la ciudad: "El caso de la finca Malibú es un indicador de lo que fue la corrupción contra la imagen turística de Marbella: se pasó de tener chalés de lujo de gente de clase media-alta a mazacotes en primera línea. Se pasó a no tener un modelo de desarrollo turístico".

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