En el juicio, del que hoy se ha celebrado la cuarta sesión en la Ciudad de la Justicia de Málaga, se investiga el supuesto desvío para uso particular de más de 1,2 millones de euros de subvenciones de la Federación Andaluza de Asociaciones de Romaníes (FARA).

Los quince imputados en el caso se enfrentan a 88 años de cárcel por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida, defraudación a la Hacienda Pública, así como de coacciones y amenazas al ex consejero del Gobierno andaluz y a un funcionario autonómico.

La Fiscalía entiende en su escrito acusatorio que Pérez Saldaña "fue presionado fuertemente con el anuncio de manifestaciones de la etnia gitana" y que hubo un robo en su domicilio y llamadas telefónicas anónimas en las que le advertían de que tuviera cuidado.

En declaraciones a los periodistas, el ex responsable de Asuntos Sociales ha afirmado que las llamadas anónimas o el robo en su vivienda "no tienen detrás ninguna persona definida", por lo que se trata de hechos que "no pueden ser entendidos más que como coacciones políticas".

Ha señalado que las presiones ejercidas por la ex directiva de FARA tenían como objetivo hacerse cargo de la organización "por métodos no legítimos"; conculcar las leyes de asociaciones, subvenciones y del menor; la sustitución del jefe de servicio de la comunidad gitana y la imposición de asesores de esta etnia para tratar los problemas de dicha comunidad.

El ex consejero ha reiterado que se trataba de "presiones políticas" y que inicialmente no se sintió amenazado y ha destacado que vivió una "situación de intranquilidad" posteriormente, cuando conoció que "había detrás presuntamente otro tipo de personas y que no era simplemente ese el objetivo".

Durante su declaración en el juicio, ha recordado que estos hechos tienen lugar cuando la Junta de Andalucía no reconoce a la nueva junta directiva de FARA que accede al cargo, por lo que en 1999 no le concede las subvenciones relativas a los programas de asociaciones y de absentismo escolar.

Ha indicado que en febrero de ese año su domicilio fue objeto de un robo en el que los autores dejaron las joyas encima de la cama, así como que recibió llamadas advirtiéndole de que podría tener problemas en relación con las decisiones que tomara sobre FARA.

Pérez Saldaña ha señalado que la ex junta directiva de la federación solicitó por escrito a Asuntos Sociales la dimisión del jefe de servicio de la comunidad gitana y su sustitución por una persona de etnia gitana, demanda que no fue aceptada, y ha explicado que esta consejería reconoció a la organización una vez que lo hizo la de Empleo.

El ex consejero ha calificado de "improcedente" la "larga espera" hasta su declaración testifical y ha censurado a su salida de la Ciudad de la Justicia que ningún miembro de la administración se haya dirigido a él durante las varias horas que ha permanecido sentado en la sala, "compartiendo mucho tiempo con los propios acusados".

Además de Pérez Saldaña, durante la cuarta sesión del juicio han prestado declaración otros cuatro testigos a través de vídeo-conferencias, así como seis agentes de la Policía Nacional que participaron en los registros desarrollados en la operación.

Por su parte, la declaración del funcionario José Manuel Leal Sabido ha sido suspendida hasta el próximo 27 de mayo dada la relación de su testimonio con uno de los quince acusados que hoy no ha estado presente en el juicio debido a que ayer sufrió una trombosis y se encuentra ingresado en el Hospital Carlos Haya de Málaga.