El ex consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, reconoció ayer ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Málaga que juzga el caso FARA, la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía, que se sintió amenazado, aunque matizó que sólo en clave de presión política, por la dirección de la organización gitana.

El ex consejero mantuvo en su declaración que recibió llamadas que le advertían "de que tuviera cuidado con las decisiones que tomaba en torno a FARA" y de que "si no recibía al Tío Casiano, el patriarca, tendría problemas".

El que fuera representante de la Junta de Andalucía aclaró ante el tribunal que no tuvo miedo, pero que sí se sintió muy presionado para conculcar la normativa de asociaciones, subvenciones y menores. Pérez Saldaña explicó que durante dos años no concedió a la FARA subvenciones porque la directiva se había constituido de forma irregular, aunque después las relaciones se reanudaron. Ante esta situación, los representantes de la organización gitana reclamaron la dimisión del jefe de servicio para la comunidad gitana, Manuel Leal, porque entendían que ese puesto debía ser desarrollado por una persona gitana, comentó.

El ex consejero reconoció que en el año 1999 sufrió un robo en su casa, pero que no se llevaron las joyas, sino que las dejaron encima de la cama. Tras este suceso, recibió varias llamadas de advertencia en torno a FARA, aunque no supo precisar quién las había hecho. Pérez Saldaña explicó que sólo se sintió intranquilo e inseguro cuando supo "que había detrás probablemente otro tipo de personas investigadas por otras cuestiones", dijo.

También declaró ayer por videoconferencia el presidente del Secretariado General Gitano, que mantuvo en Madrid dos reuniones con varios de los acusados. Según explicó, éstos querían que se les transfirieran parte de los fondos europeos para gestionarlos desde FARA, lo cual "era inviable porque teníamos que gestionarlos nosotros", dijo.

Ayer se celebró en Málaga la cuarta sesión del juicio que se sigue contra FARA por el supuesto desvío para uso particular de más de 1,2 millones de euros de subvenciones. Los 15 imputados en el caso se enfrentan a 88 años de cárcel por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida, defraudación a la Hacienda Pública, así como de coacciones y amenazas al ex consejero y a un funcionario autonómico. Los representantes de FARA aseguran que todo ha sido una operación orquestada contra la antigua dirección.