El ataque sexual múltiple que sufrió una menor de Isla Cristina en julio del pasado año a manos de siete chicos que tampoco alcanzaban la mayoría de edad (dos de ellos no llegaron a ser imputados al no llegar a la edad penal) quedará saldado en cuatro años. La juez de Menores ha ordenado el internamiento de los cinco chicos que fueron procesados, tras el juicio se celebró el pasado abril, por periodos que van de los dos a los cuatro años. Los condena por un delito de abuso sexual con los agravantes de prevalimiento -aprovecharse de las ventajas y prerrogativas respecto a la víctima- y acceso carnal , teniendo en cuenta además la vulnerabilidad de la víctima por su edad, que tenía entonces 13 años, y la discapacidad que padece.

Aunque el tiempo máximo de condena establecido es de cuatro años para uno de los cinco autores, según el fallo del Juzgado de Menores, el internamiento efectivo quedará en tres años. En este caso, la autoridad judicial decreta 36 meses de reclusión en régimen semiabierto, al que seguirá un periodo de libertad vigilada de doce meses. El mismo tipo de internamiento semiabierto (los chicos podrán seguir determinados programas educativos o laborales fuera del centro) se fija para otros dos implicados, a los que la titular de Menores, Carmen Orland, impone tres años de internamiento (30 meses de reclusión efectiva) seguido de seis meses de libertad vigilada.

Para los otros dos menores que fueron juzgados por los abusos a la niña, se decreta dos y tres años de internamiento en régimen abierto (18 y 24 meses de reclusión efectiva), seguido de libertad vigilada por seis y doce meses, respectivamente. En estos casos, los chicos podrían estar antes en la calle, ya que la juez señala que la medida podría suspenderse y condicionarse al buen cumplimiento de una medida de libertad vigilada del mismo tiempo de duración, previa audiencia de los interesados. Se impone una indemnización a los chicos, y solidariamente a sus familias, de 10.000 euros.

A la espera de que tanto las acusaciones (la Fiscalía y la representación legal de la familia de la víctima) estudien la sentencia y deciden si recurren el fallo, queda pendiente también que la juez decida si a los implicados se les resta de la condena el tiempo que llevan internados desde que sucedieron los hechos.