Andalucía

El Parlamento aprueba por unanimidad la ley de derechos del colectivo LGTBI

  • Contempla un régimen sancionador con multas de hasta 120.000 euros y el veto al acceso a cualquier tipo de ayuda pública

El colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) ya tiene su ley de derechos tras complicarse en el inicio su trámite parlamentario por el amago de disputa de los partidos de izquierda a cuenta del trato a los menores transexuales en el texto. Finalmente, PSOE y Podemos retiraron sus propuestas y presentaron una norma conjunta -a la que también se sumó IU- que el Parlamento aprobó ayer con el apoyo de todos los grupos.

La redacción conjunta contempla normas como la creación del Consejo Andaluz de Participación del colectivo LGTBI, órgano de consulta, asesoramiento, representación y participación que se encargará, entre otras funciones, de evaluar el desarrollo de las políticas en la materia y de elaborar un informe anual.

También incluye un régimen sancionador para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y reparar a las víctimas. Se distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, con multas de hasta 120.000 euros y que irán acompañadas de la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública.

En el ámbito sanitario se incorporan los derechos de los menores transexuales ya recogidos en el Proceso Asistencial Integrado que la Consejería de Salud desarrolla desde enero. Respecto a los menores intersexuales, el sistema sanitario público velará para que las prácticas de modificación genital en recién nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos.

En cuanto a la inserción social, la nueva ley establece medidas dirigidas a víctimas de violencia y a personas en situación o riesgo de vulnerabilidad y exclusión social, además de otras específicas de apoyo y mediación a menores y jóvenes. En materia educativa, se refuerzan las medidas de lucha contra el acoso escolar por motivos de orientación o diversidad sexual.

En el ámbito laboral, la principal novedad es la incorporación de criterios de igualdad de oportunidades en las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento del empleo.

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