El PP pedirá un plan de choque para erradicar los asuntos judiciales pendientes

  • Dicho plan, según el PP, debe contener medidas de apoyo a los jueces y fiscales, saturados de carga de trabajo, y atender a las víctimas de los delitos convenientemente

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El PP defenderá en el Pleno del Parlamento, que se celebrará mañana y el jueves, una moción en la que reclama a la Junta que ponga en marcha un Plan de Choque para "erradicar las grandes bolsas de asuntos judiciales pendientes" en la comunidad, en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Ministerio de Justicia. Dicho plan, según el PP, debe contener medidas de apoyo a los jueces y fiscales, especialmente saturados de carga de trabajo, y en el mismo se atenderá especialmente a las víctimas de los delitos así como la garantía de ejecución de las sentencias pendientes en el ámbito penal.

El PP quiere que el Parlamento exprese "la responsabilidad que supone ante la sociedad andaluza el desarrollo de un servicio esencial del Estado de Derecho bien merece también el consenso y el acuerdo de los partidos políticos representados en la Cámara" y que la "mayor cercanía a los ciudadanos, la eficiencia y agilización de los procedimientos o la dotación de recursos humanos, económicos y tecnológicos deben conformar el Pacto por la Justicia en nuestra comunidad autónoma".

De igual manera, el Grupo Popular reclamará al Consejo de Gobierno que establezca el compromiso de aumentar el gasto directo del área de justicia con especial atención al capítulo de inversiones hasta alcanzar el objetivo de que los andaluces "tengamos un servicio público de justicia ágil y eficaz que de respuesta a las demandas de los andaluces y solucione el déficit y el retraso que existe en la administración de Justicia de nuestra comunidad".

Para el PP, el Ejecutivo tiene que cumplir "con carácter urgente e inexcusable del Plan de Infraestructuras Judiciales 2002-2009, cuyo retraso injustificable está provocando la lentitud en el sistema judicial, sedes y dependencias judiciales tercermundistas y la ausencia casi absoluta de medios materiales y soportes informáticos que garanticen tramitaciones ágiles, eficaces y con garantía de los procedimientos y sumarios acumulados".

También pide a la Junta que ejecute, con carácter de urgencia para su entrada en servicio en la presente Legislatura, las ciudades de la Justicia comprometidas con todas las capitales de provincia, y que acometa la Oficina Judicial anunciada en 2003 a fin de llevar a cabo la modernización de los juzgados andaluces y la agilidad en los procedimientos.

El PP considera fundamental además el cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, promulgada en el 2004, relativa a la puesta en marcha de 85 Juzgados específicos de Violencia de Género, "de los que sólo existe el 20%, así como dotarlos de personal especializado ya que la situación actual constituye una rémora en la eficacia de un instrumento indispensable para combatir la violencia hacia las mujeres".

Asimismo, ve prioritario garantizar la asistencia letrada a la víctima de violencia de género desde el momento en que es presentada la denuncia con el objetivo de que la víctima pueda ser informada desde el primer momento y así reforzar y garantizar la necesaria protección física de la denunciante.

El Grupo Popular insiste en demandar la puesta en marcha de un Plan de Seguridad Individual para la Víctimas de la Violencia de Género que "recoja medidas de seguridad privada en coordinación con las Fuerzas y Seguridad del Estado y la Policía Local en las situaciones de más riesgo, así como el control de las órdenes de alejamiento". También reclama al Ejecutivo un acuerdo con los ayuntamientos para destinar efectivos de la Policía Local en la tarea de garantizar la protección de las mujeres acogidas a órdenes de protección ejerciendo así el correlativo efecto disuasorio en el agresor.

De igual manera, insta al Ejecutivo a reivindicar "contundentemente ante el Ministerio de Justicia, en consonancia con la Memoria del TSJA de 2007, la creación de nuevos Juzgados de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de Primera Instancia, Juzgados de Instrucción, de lo Mercantil, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria para hacer frente al colapso actualmente existente".

El PP también plantea que se garantice una resolución "rápida y un procedimiento solvente cuando un andaluz interponga un recurso contra una decisión de la administración, así como garantizar que todo ciudadano verá resuelto con sentencia firme cualquier procedimiento que tramite ante la Justicia en un plazo máximo de dos años". MEDICINA LEGAL.

De otro lado, le pide al Ejecutivo que se impulsen los Institutos de Medicina Legal con sedes adecuadas y bien dotadas tanto personal como materialmente, en cada provincia; la creación de un grupo de refuerzo extraordinario de Médicos Forenses, a través de cursos específicos para profesionales de la medicina, para garantizar su suficiencia y presencia en todo el territorio andaluz, y que se doten con partidas económicas suficientes a los Juzgados de Paz de la comunidad, abriendo nuevas vías de financiación posibles, a fin de mejorar la actual precariedad de medios e instalaciones, acometiendo un Plan de Modernización de los Juzgados de Paz en consonancia con lo expuesto por el TSJA en su Memoria de 2007.

Otra prioridad para los populares es garantizar a través de la modernización y reforma de los sistemas informáticos, la interconexión e intercambio de datos entre todos los órganos judiciales y así lograr a la vez "que una mayor eficacia, el poner fin a la descoordinación judicial existente en la actualidad", y que se elabore un Catálogo de necesidades de la administración de Justicia de Andalucía con la participación en su desarrollo de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales, de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, fiscales y secretarios, así como de los sindicatos mayoritarios del sector.

Otra demanda planteada por el PP es promover una política retributiva del personal de la administración de Justicia y de los profesionales adscritos al turno de oficio que tienda a su equiparación con los de otras comunidades autónomas.

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