El PP insta a la Junta a regularizar la situación de las viviendas ilegales

  • Distintos informes, entre los que se encuentra uno del Defensor del Pueblo, apuntan que en la comunidad hay unas mil urbanizaciones ilegales y unas 200.000 viviendas

El PP-A presentará una proposición no de ley en el Parlamento en la que insta al Gobierno a elaborar una norma directora para la ordenación urbanística que permita regularizar las urbanizaciones y viviendas ilegales existentes en Andalucía que sean susceptibles de normalizar su situación.

La portavoz parlamentaria del PP en materia de urbanismo, Alicia Martínez, ha explicado hoy en rueda de prensa que la intención de su grupo es aprobar un plan que permita regularizar "todo lo posible" estas viviendas, aunque ha matizado que no se trata de una "amnistía urbanística" y de "regularizar todo", por lo que ha dicho que habrá situaciones que no tendrán más solución que la demolición.

A pesar de que no hay un censo de este tipo de viviendas en Andalucía, Martínez ha explicado que distintos informes, entre los que se encuentra uno del Defensor del Pueblo, apuntan que en la comunidad hay unas mil urbanizaciones ilegales y unas 200.000 viviendas, en las que pueden llegar a vivir hasta 400.000 personas en verano.

Según ha recordado la portavoz del PP en asuntos urbanísticos, la competencia de control e inspección de la ordenación del territorio y el urbanismo corresponde a los Ayuntamientos y la Junta, a través de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

En su opinión, la Junta no ha ejercido sus funciones y no ha reclamado a los ayuntamientos el cumplimiento de la ley, por lo que Martínez entiende que la Junta "ha fallado".

Tras criticar el retraso en la elaboración de planes subregionales y del propio Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), Martínez ha asegurado que la Junta tenía en muchos casos conocimiento de la existencia de viviendas ilegales porque ha percibido ingresos económicos en concepto de actos jurídicos documentados.

Para Martínez es necesario adoptar una solución inmediata "y cortar de raíz este práctica" que supone una agresión al medio ambiente y al territorio.

Tras recordar las 30.000 viviendas ilegales que existen en Chiclana y los 2.000 expedientes de demolición en Mijas, Martínez ha considerado que la Junta debería recoger en una norma los criterios que se deben seguir para solucionar los problemas y no dejarlo a la discreción de cada ayuntamiento.

De este modo, el PP pide elaborar una norma que cubra el vacío legal existente para reconocer gran parte de las viviendas ilegales y su necesaria normalización con criterios uniformes para todo el territorio andaluz.

En su opinión, hay que establecer recomendaciones y directrices que orienten a los ayuntamientos en materia de urbanismo y regular los contenidos de los instrumentos de planteamiento urbanístico mediante soluciones "tipo" para problemas similares.

Además, el PP pide que se elabore un censo de viviendas y urbanizaciones ilegales en Andalucía, por provincias y municipios, en el que se recojan las características de las irregularidades.

Según ha dicho, el Parlamento deberá aprobar esta norma antes de diciembre de este año y garantizar en los presupuestos 2009 una dotación presupuestaria de apoyo a los municipios afectados para acometer los planes de infraestructuras necesarios en colaboración con los ayuntamientos y propietarios.

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