Un hombre de 49 años ha negado este lunes haber golpeado a su vecino en una discusión por las lindes de sus tierras, lo que le causó la muerte a los cinco meses debido a un hematoma cerebral.

El juicio contra J.V.N., que se enfrenta a una petición del fiscal de diez años de cárcel, ha comenzado ante un jurado compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres, ante los cuales el acusado ha afirmado que él no golpeó a su vecino y que en ese momento se encontraba en una venta con varios testigos.

El homicidio ocurrió presuntamente el 9 de junio de 2003, cuando el luego fallecido J.Q.L. protestó a su vecino por las molestias que la causaban una cañas y el acusado, presuntamente, le propinó puñetazos y patadas en la cara, cabeza y costado, que inicialmente le mantuvieron 14 días hospitalizado.

No obstante, las lesiones determinaron un nuevo ingreso hospitalario el 20 de septiembre por un hematoma subdural, del que el lesionado tuvo que ser intervenido por trepanación y luego ser sometido a una segunda intervención debido a un sangrado, lo que finalmente le produjo la muerte el 24 de octubre de 2003.

A favor de su acusación, la Fiscalía y la familia del fallecido disponen de una declaración ante el juez del luego fallecido, que al reponerse de sus heridas presentó una denuncia por lesiones.

La defensa solicitó, sin éxito, que esta prueba fuese declarada nula porque J.Q.L. declaró sin el requisito de estar presente el abogado del ahora acusado, que varios días antes se había personado en las actuaciones.

El presidente del tribunal, Miguel Carmona, ha rechazado declarar tal nulidad porque la defensa debería haberlo alegado hace varios meses, en el momento de plantear y aceptar las pruebas para el juicio con jurado.

El acusado ha negado haber sido él quien golpeó a su vecino, y además su defensa ha alegado que el fallecido tenía 71 años y era muy obeso, por lo que tenía factores de riesgo para sufrir una trombosis por causas naturales.

El procesado ha argumentado además que el día del homicidio estuvo recogiendo patatas como peón en una finca y posteriormente, entre las 20 y las 23.30 horas, estuvo en una venta, situada a unos dos kilómetros, con dos testigos que -según ha reconocido a preguntas del fiscal- son esposo de una prima suya y primo de su mujer.

En el trámite de alegaciones previas al jurado, la defensa ha argumentado además que el juez de instrucción, con las mismas pruebas que ahora se presentan al jurado, archivó la causa por falta de pruebas, aunque fue reabierta por la Audiencia a petición del fiscal.

La Fiscalía imputa al procesado un delito de homicidio y reclama para él 10 años de cárcel, junto al pago de una indemnización de 120.000 euros a la esposa del fallecido, 24.000 euros a cada uno de sus hijos y el pago al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de los 3.709 euros que costó la atención sanitaria.