La Subdelegación del Gobierno ha impuesto siete sanciones a vecinos de Calañas (Huelva) durante los incidentes que se registraron por la muerte de otro habitante del pueblo, Ramón Cuaresma, a finales de 2008, y que obligaron a dejar la localidad a la familia de la persona inculpada. Las penas han sido interpuestas por realizar pintadas y utilizar megáfonos para proferir consignas. Dos de los vecinos han abonado la multa, mientras que los otros cinco no lo han hecho y están pendientes de un embargo de Hacienda.

Los hechos se desencadenaron el 23 de noviembre de 2008 cuando apareció el cadáver de Cuaresma en un paraje próximo a la localidad. Diego Fernández supuestamente lo había atropellado y había trasladado el cuerpo hasta allí. Días después se produjo la detención del autor del atropello, pero fue puesto en libertad bajo fianza de 6.000 euros, tras no confirmarse indicios de homicidio, lo que provocó la ira de una parte de la población. A partir de entonces se sucedieron las protestas y concentraciones a las puertas del Ayuntamiento pidiendo su ingreso en prisión y el exilio de la familia del inculpado. Las manifestaciones se prolongaron durante semanas, bajo la vigilancia de la Guardia Civil, y finalmente han motivado las sanciones administrativas. Año y medio después, el padre del presunto homicida de Ramón Cuaresma sigue pidiendo, como la familia de la víctima, justicia. Miguel Fernández abandonó Calañas el 6 de diciembre de 2008 y continúa en el exilio.

Aún no ha podido regresar a su casa donde vivía con su mujer y con el pequeño de sus hijos. El jucio aún no se ha celebrado. Fernández denuncia que su familia ha sido sometida a un linchamiento y que ni Bienestar Social ni el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, le han prestado apoyo. "¿Dónde están los derechos de los niños?", se pregunta. Desde el fallecimiento de Cuaresma en noviembre de 2008, la vida de Miguel Fernández y sus familiares es una continua zozobra. Lo es desde el ostracismo, en un pueblo que no es el suyo, en paradero desconocido. Todavía no entiende cómo pudieron desatarse los acontecimientos aunque piensa que, en parte, el linchamiento público al que han sido y son aún sometidos se debe a la manipulación de unos pocos sobre un nutrido grupo de vecinos, que condujo a que intentaran tomarse la justicia por su mano sin respetar la ley y sin tener en cuenta el resultado de las investigaciones y las decisiones judiciales. Aún recuerda cómo salió de casa con el pequeño, con la intención de llevar a Diego fuera de Calañas, y recibía al mismo tiempo una llamada que le aconsejaba que no regresara ya a su hogar.