Marbella sólo plantea legalizar la mitad de los comercios

  • Los propietarios tendrán que acreditar que el negocio no estaba en terreno de equipamientos en el PGOU de 1986

Regularizar la situación de los más de 800 comercios ilegales de Marbella está siendo más complicado de lo que parecía en un principio. Ayer, la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), explicó que un informe jurídico realizado por los servicios municipales sólo ofrece una solución rápida a la mitad de los establecimientos. En concreto, la dirigente popular explicó que la propuesta presentada por el Consistorio está orientada a los negocios que no han podido "normalizarse" en el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Para conseguir la tan ansiada licencia de apertura, los propietarios de los locales deberán acreditar que éstos no se encuentran construidos en una zona que estaba destinada a equipamientos o viarios públicos en el Plan de 1986, y que los edificios ilegales donde están ubicados no se encuentran inmersos en procedimientos judiciales, según relató Muñoz.

Conscientes de que los requisitos son difíciles de cumplir en una ciudad donde se han realizado más de 400 impugnaciones de licencias por construir en parcelas destinadas a colegios o centros de salud, el equipo de gobierno se conforma con poder regularizar "el mayor número posible de negocios".

Aunque su compromiso con los comerciantes era regularizar a los más de 800 negocios irregulares, Muñoz aseguró que el informe jurídico, que ayer fue aprobado en la Junta de Gobierno Local, "dará salida legal a un número de locales, aunque no a todos los que nos gustaría".

Además, los beneficiados por el informe municipal no quedarán eximidos de abonar en un futuro las compensaciones económicas que el nuevo PGOU establezca para normalizar los edificios que se construyeron sin control durante la era GIL. En ese sentido, la alcaldesa reiteró su intención de que las cargas a los compradores de buena fe y a los dueños de locales en construcciones irregulares sean "mínimas", porque "no podemos olvidar que durante años han pagado sus impuestos y tributos".

Ángeles Muñoz dijo que los que queden al margen del futuro planeamiento urbanístico y no puedan conseguir la licencia de apertura, deberán iniciar procesos judiciales. No obstante, cree que será un número "reducido" los que tengan que acudir a la vía de los tribunales.

En cuanto al otro 50 por ciento de establecimientos que no podrán solicitar por ahora la licencia, la primera edil relató que los propietarios no deben preocuparse, porque sus inmuebles ya aparecen legalizados en el avance del PGOU redactado por Manuel González Fustegueras.

La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella (Apymem) no se mostró conforme con las soluciones del gobierno de Muñoz, ya que considera que deberían haber tomado "una decisión global" para todo el colectivo.

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