La Junta de Andalucía dio ayer otro paso en el complejo proceso de levantar el futuro parque industrial, logístico y tecnológico de Las Aletas, del que espera suponga un balón de oxígeno de entre 7.000 y 10.000 empleos para una comarca, la Bahía de Cádiz, azotada por las cifras del paro. El Consejo de Gobierno acordó que sea la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio quien ostente la competencia para expropiar los terrenos en lo que es, en realidad, un borrón y cuenta nueva, ya que parte de estas parcelas fueron expropiadas en un proceso rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El terreno de Las Aletas, en Puerto Real, (Cádiz), ha sido testigo de un duro litigio contra la Administración desde 2005. Un colectivo de propietarios liderado por la familia Derqui y la empresa Dehesa Norte ha obtenido por el momento todos los veredictos judiciales a su favor en el TSJA. Se da el caso de que los servicios jurídicos de la Junta llegaron a olvidarse de recurrir ante el Supremo, por lo que las sentencias son firmes. Los tribunales mantienen que la Junta no ha argumentado bien el interés general de esta única zona de expansión industrial de la Bahía e, incluso, que la extensión a expropiar, algo más de 120 hectáreas - reserva de la Junta de las más de 500 hectáreas-, es demasiado grande.

Pero fue el pasado noviembre cuando la Junta quiso blindar el proyecto al declararlo bajo la figura de interés autonómico y aseveró que ningún proceso judicial emprendido por los propietarios de los terrenos podría frenar el desarrollo del parque en sus 527 hectáreas. En realidad, las trabas radican ahora en el precio a negociar. Un segundo frente abierto está relacionado con el justiprecio o la valoración de los terrenos. La Junta valoró en 2,4 euros el metro cuadrado de algunas fincas y ha llegado a acuerdos puntuales con pequeños propietarios pagando hasta 18 euros. Los mayores litigantes tienen una valoración mayor. No obstante, se da el caso de que éstos no poseen los terrenos, que eran de dominio público marítimo-terrestre, sino una concesión sobre ellos. De hecho, estos suelos son ahora una zona de reserva gestionados por el Ministerio de Economía.

En defensa de sus intereses, el Consejo del Gobierno dotó ayer a Vivienda y Ordenación del Territorio de esta autorización para avisar a los propietarios de que están dispuestos a expropiar. Según fuentes de la Junta, no se cierra la vía de negociación, pero los pasos se van encaminando hacia ese proceso ante la pretensión de los propietarios de obtener elevadas compensaciones por los terrenos.

El acuerdo del Consejo de Gobierno no fue comunicado en la rueda de prensa posterior. Según sostuvieron fuentes del Gobierno andaluz, se debió a que fue un acto "puramente de orden administrativo" y "tan sólo estuvo en la mesa 30 segundos". El texto del acuerdo señala que, "dado el carácter netamente instrumental que reviste el ejercicio de la potestad expropiatoria (...), siendo así que las finalidades que está dispuesto a cumplir el citado proyecto de actuación se proyectan en el ámbito de distintas consejerías(...), se propone al Consejo de Gobierno que proceda a atribuir con carácter expreso la competencia a una Consejería", que será la de Vivienda.

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