La Junta de Andalucía condicionará la recepción de la futura renta básica a la aceptación de ofertas laborales por quienes sean sus beneficiarios. Al menos, así lo anunció ayer en Sevilla la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, que vinculó la ayuda a la disposición a encontrar trabajo, ya que en caso contrario, advirtió que se dejará de percibir.

Tras presidir el acto de toma de posesión de varios altos cargos de su departamento, la consejera aseguró que si los perceptores de esa renta no están capacitados para desempeñar el puesto de trabajo que se les ofrezca habrán de hacer un cursillo al efecto.

Todos los ciudadanos tendrán el derecho de "cubrir sus necesidades básicas", afirmó, pero también "deben tener la obligación de un compromiso", como será no rehuir las ofertas de trabajo que se les hagan.

Navarro dijo que esa renta básica procede de los impuestos del resto de los ciudadanos y que quien la percibe ha de comprometerse también con la sociedad, según el principio de que a cada derecho le corresponde un deber u obligación.

En su discurso en la toma de posesión de los nuevos cargos, Navarro aclaró que la renta social no se aplicará como "una medida aislada, sino que formará parte de un plan integral", según se prevé en la Ley de Inclusión.

La renta básica, que será de un importe de entre 370 y 500 euros dependiendo de las circunstancias familiares de quien la perciba, según el proyecto de ley inicial, será uno de los retos de la actual legislatura, según señaló Navarro.

La consejera destacó que el hecho de que hoy se hable de determinadas políticas sociales como de nuevos derechos, significa que si antes estas políticas se aplicaban según fuesen los presupuestos, ahora son los presupuestos los que deben adaptarse a esos nuevos derechos, que es del modo en el que, consideró, se construye el estado del bienestar. También destacó que "el concepto de igualdad se ha ampliado, y no se refiere sólo a hombres y mujeres".

Ayer tomaron posesión de sus cargos como directora general de personas mayores, María José Castro Nieto; como director general de Personas con Discapacidad, Julio Samuel Coca Blanes; como directora general de Violencia de Género, Soledad Ruiz; como directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Soledad Pérez; y como delegado provincial en Sevilla, Manuel Antonio Gálvez.