La Junta crea dos instrumentos para el reajuste de sus empresas públicas

  • Una nueva comisión delegada acometerá la reorganización del sector público antes del 22 de junio · Una herramienta informática integrará este entramado en el funcionamiento cotidiano de la Administración

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La Junta de Andalucía dio ayer un nuevo paso en su intención de reordenar el sector público andaluz, un entramado de 317 empresas públicas, sociedades o agencias sobre el que la propia Administración tiene lagunas en algunos aspectos, reconoce. La reorganización responde a un deseo expreso del presidente andaluz, José Antonio Griñán.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, dio a conocer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la aprobación de dos decretos que inciden de manera particular en el sector público andaluz. De una parte, dentro de la reorganización de las comisiones delegadadas -órganos encargados de coordinar políticas que afectan a varias consejerías- con motivo de la nueva estructura del Gobierno, se creó una nueva dedicada a la estabilidad fiscal y financiera y a la organización del sector público.

Ésta será, explicó Martínez Aguayo, la comisión encargada de aprobar el plan de racionalización del gasto que la comunidad andaluza presentará al Gobierno para cumplir el plan de la UE de reducción del déficit. La consejera se ciñó a las premisas del programa (contención del gasto y mejora de eficiencia) para descartar que se trate de un recorte de empresas públicas. La Junta se inclina hacia la absorción, que evite duplicidades de tareas entre el núcleo de la Administración y estas sociedades, permita el ahorro y clarifique al ciudadano a dónde debe acudir. Martínez Aguayo ya ha mantenido diversas reuniones con consejeros para que reflexionen sobre dónde pueden meter la tijera, si bien no quiso adelantar en qué dirección van encaminados los recortes. Se apurará el plazo del 22 de junio para conocer el plan de austeridad, apuntó. En este nuevo órgano están todos los consejeros salvo los titulares de Presidencia, Empleo, Igualdad y Turismo.

Entre los objetivos está el de la consolidación del empleo, por lo que la reordenación no supondrá una merma en puestos de trabajo entre el funcionariado, afirmó Aguayo. Otra cuestión será el de los puestos directivos de las empresas públicas.

Porque de hecho ésta es una de las lagunas que tiene el Ejecutivo sobre el entramado de sociedades, enigma al que se podrá dar respuesta con el segundo de los instrumentos aprobado ayer.

El Consejo de Gobierno aprobó un decreto que integrará los datos económicos-financieros y de personal de la Administración y de sus entidades instrumentales. La Junta quiere conocer en detalle qué existe en ese universo de sociedades y someterlo al mismo control que al resto de la Administración. Martínez Aguayo negó que con esto se reconozca que hasta ahora no existía control y se remitió a los Presupuestos y a las intervenciones de la Cámara de Cuentas. No obstante, la Cámara de Cuentas denunció precisamente ayer en su informe de fiscalización de 2008 que existen entidades empresariales y fundaciones públicas que no remiten alguna de la documentación requerida. Martínez Aguayo expuso que son diferentes obligaciones de control y que el objetivo pasa por "homogeneizar" la supervisión de todo lo que dependa de la Junta, también de estas empresas públicas. La Junta participa con mayoría en una tercera parte de ellas. Esta medida se articula en una herramienta informática que actualizará los datos ya disponibles por la Administración y que ha quedado anticuada, a la que se agregarán las empresas públicas. Dependerá directamente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Cada entidad instrumental deberá aportar su estructura orgánica, funciones de área y departamentos, plantilla e identificación de las personas empleadas y sus puestos. Con ello la Junta verá si existen duplicidades con otros organismos de la Administración. Tienen seis meses y a partir de esa fecha se hará el vaciado de información. Por esta razón, la fecha límite del 22 de junio no será definitiva para la reestructuración del sector público. Uno de los aspectos sobre los que la Junta se comprometió a regular fue el de los sueldos de los directivos. Martínez Aguayo recordó que ya se tomó esta decisión para que nadie cobre por encima de los 81.155 euros del presidente y aseguró que algunos cargos ya han experimentado ese recorte, aunque no dio más detalles.

El Consejo de Gobierno también aprobó otro decreto por el que se simplifican los procedimientos para recibir subvenciones (becas, ayudas a ayuntamientos, fondos europeos...), trámites que suponen el 27% del total de los procedimientos que realiza la Junta. De seis trámites se puede simplificar hasta en dos, por lo que la Junta cifró en 60 millones de euros el ahorro al anularse la presentación de más de 3,8 millones de documentos al año. La cantidad será superior cuando dentro de un año todas las solicitudes se realicen por vía telemática, ahora mismo con un grado de ejecución de un 64,5%.

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