La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en vigor desde de diciembre de 2002, fue un golpe de timón con el que el Gobierno andaluz intentó poner freno a muchos de los desmanes provocados por el desmesurado crecimiento del sector de la construcción, sin tener en cuenta muchas de las necesidades de la población y al margen de una planificación urbanística sostenible. La ley obligaba a los ayuntamientos a reservar un 30% de los aprovechamientos lucrativos residenciales a la construcción de viviendas de protección oficial, pero más de cinco años después tan sólo 60 de los 770 ayuntamientos de la comunidad han adaptado sus planes generales de ordenación urbana (PGOU) a dicha norma.

Este fracaso, evidente a la vista de la escasísima oferta de VPO, fue admitido ayer por el consejero de la nueva Consejería de Vivienda y Planificación Territorial, Juan Espadas, quien anunció al término de la reunión del Consejo de Gobierno que su departamento prepara un nuevo decreto para "la agilización de los procedimientos y la simplificación de los trámites" que deben cumplir los ayuntamientos para modificar sus PGOU.

Este decreto se sumará al aprobado en enero pasado para la flexibilización del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), el cual, a su vez y junto a los planes subregionales, había condicionado la aplicación de la LOUA. La maraña legislativa, según Espadas, comienza a deshacerse y a desprenderse de rigidez.

El otro paso dado por la Junta para cumplir el programa electoral del PSOE-A -100.000 nuevas VPO en los próximos cuatro años- es la conversión de parte de las 90.000 casas que las promotoras tienen en stock en viviendas de protección oficial o, en su defecto, en viviendas a precio tasado, con un precio sensiblemente inferior al del mercado de renta libre.

De tener éxito esta iniciativa, el Gobierno andaluz podría cumplir en plazo sus promesas y los demandantes de vivienda obtener una rebaja en el precio de su compra o alquiler, además de poder acceder a un tipo de financiación preferente gracias los acuerdos firmados por la Junta con cajas y bancos. ¿Y los empresarios? Visto el panorama muchos de ellos reducirían no ya sus beneficios, sino sus pérdidas.

Aunque la Junta no ha decidido aún cómo llevar a cabo esta propuesta tiene como referencia el decreto aprobado el pasado día 9 por el Gobierno de Murcia. La patronal de esa comunidad cifra en 600.000 las viviendas que intregran su stock inmobiliario.

Murcia se propone calificar viviendas libres individuales cuya promoción esté iniciada con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, bien estén en construcción o bien lleven finalizadas un año, y calificar promociones completadas de viviendas que estén iniciadas como libres.

Una segunda línea del decreto está relacionada con la adecuación de los precios máximos de venta y de renta de viviendas protegidas, consecuencia de la actualización del precio básico nacional. Así, se establece que la vivienda protegida de primera construcción pueda tener opción a compra por parte de jóvenes, menores de 35 años, que podrán reducir del precio final de la vivienda un 50%. Esta cantidad saldrá del alquiler desembolsado a partir del quinto año de estancia en la vivienda.

La patronal andaluza de la construcción, Fadeco Promotores, aseguró ayer que no podrá hacer vivienda protegida "si no nos salen los números", por lo que el pasado lunes plantearon, en el seno de la negociación del Plan Concertado de Vivienda, algunos aspectos técnicos "que nos haga rentable construir VPO", informa Europa Press.

Entre esos aspectos técnicos se encuentra la adscripción a la vivienda de la plaza de garaje en la VPO. Los empresarios plantean también una "modulación de los módulos" de VPO por parte de la Junta de Andalucía, puesto que "la modulación no se va tocar a nivel nacional". En otras palabras, aumentar los precios fijados.