La Junta venderá activos para ingresar los 784 millones de la deuda histórica

  • Quieren hacer las operaciones durante este año con solares e inmuebles entregados como pago u otros del patrimonio de la comunidad autónoma · El PP piensa que ninguno será del paquete de liquidación de la deuda

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La Hacienda regional busca dinero. Hacer caja; con el patrimonio recién traspasado por la Administración General del Estado en pago por la deuda histórica o con cualquier otro que se coloque bien en el mercado. En este ejercicio pretende vender activos por valor de los 784 millones que quedaban por cobrar de la controvertida deuda histórica. El PP duda que vaya a conseguir colocar algunos de los activos que acaba de recibir del Gobierno como pago por la deuda. Un pago en especies que ha sido duramente criticado por la oposición; tanto el PP como IU han calificado de traición y engaño a Andalucía que el dinero que quedaba por cobrar no se recibiese en metálico.

El PP ha recurrido la medida ante el Tribunal Constitucional y el Contencioso Administrativo. Pero dado el retraso de estos tribunales no se espera una decisión judicial hasta dentro de muchos años. Entretanto la crisis obligará a un ajuste de las cuentas públicas y la Junta necesitará financiar las políticas de sanidad, educación y vivienda cuyas transferencias en 1983 y 1984, con un déficit de infraestructuras respecto a la media nacional, justificaron la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía. Por eso tiene que liquidar activos.

El importe de la deuda ya fue muy discutido, como puede verse en el cuadro al final de esta página. También ha sido objeto de duros enfrentamientos el cobro en especies. Pero una tercera polémica está en el punto álgido: los criterios de valoración de los activos entregados como pago.

En febrero, la Consejería de Economía y Hacienda contrató a dos empresas de tasación para que valoraran los solares y los inmuebles que el Gobierno ofrecía como pago de los 784 millones que quedaban por cobrar. La adjudicación del estudio de los solares se hizo a Tasaciones Inmobiliarias SA, Tinsa, por 38.000 euros. Y la de Agesa, la sociedad patrimonial de buena parte de los activos de la Expo'92 de Sevilla, se adjudicó a una empresa andaluza, Valoraciones Generales Lógicas SL, por importe de 17.995 euros. Esta empresa valoró los inmuebles de Agesa en 316,4 millones y calculó que el valor de su actividad era de 18 millones. En total le ponía un precio de 334,42 millones. El Gobierno abrió la negociación pidiendo 599 millones.

A Tinsa se le dio una lista provisional de solares que entrarían en la transacción, en la que en principio estaba el terreno en donde se pretendía construir la Ciudad de la Justicia de Sevilla, en Los Gordales, pero al decidir el Ayuntamiento que no iba a trasladar la Feria, se hicieron algunos cambios. La primera tasación de Tinsa fue de 101 millones; la del Gobierno estuvo en 137,7. La diferencia total entre la valoración de la Administración General del Estado y la de la Junta superaba los 300 millones, es decir los 50.000 millones de pesetas.

Las dos direcciones generales del Patrimonio empezaron una discusión de los conceptos. La diferencia fundamental se producía con Agesa. La empresa Valoraciones Generales había establecido una serie de coeficientes reductores suelo a suelo, inmueble a inmueble, aplicando distintos criterios. Por ejemplo, una reducción del precio se aplicaba por el elevado importe de la operación de transmisión patrimonial; porque en el supuesto de querer vender, los inconvenientes y los riesgos son mayores. Otro coeficiente reductor que manejaba el tasador era la coyuntura del mercado y la escasez de compraventas.

Un tercer elemento de la valoración final era un periodo de actividad de la empresa de siete años, por lo que se la valoraba en 18 millones. En las conversaciones entre las dos administraciones se convino que había que suponerle una vida media útil a los inmuebles de 50 años. Pero como la empresa tiene ya 15, se establecía una vida media de sus inmuebles de 35 años. Este elemento subió el precio respecto a la tasación inicial de la Junta, según fuentes de la negociación.

También presionaron al alza otros argumentos: que se tratase de suelo tecnológico, de mayor valor que un simple suelo inmobiliario o que en las habituales transacciones entre administraciones no se contempla el concepto del volumen de los activos transferidos para disminuir su precio. Con estos cambios de criterio se conformó el precio final.

La directora general de Patrimonio de la Junta envió una carta a la empresa que se había tasado Agesa, Valoraciones Generales Lógicas, pidiendo su opinión sobre los cambios de criterio que se había planteado y que llevaban el precio de 334 a 509 millones. La compañía contestó con un certificado de un folio en el que eliminando sus criterios reductores llegaba a 413,57 millones para los solares e inmuebles en La Cartuja y subía a 48,24 millones el valor de la actividad; lo que suma 461,8 millones, que unidos a 47 millones de activos financieros positivos de la sociedad estatal alcanzaba los 509 millones. Este certificado está sellado, pero no tiene firma, ni fecha. El PP lo sabe y por eso está insistiendo en conocer los detalles documentales de toda la negociación. Jaime Reynaud subraya que no ha habido transparencia en el proceso y se ha presionado a la empresa tasadora para que avale el acuerdo político. Los populares esperan que antes del próximo viernes 7 de mayo la Junta entregue los expedientes o los ponga a disposición de la oposición en la Consejería, como han reclamado en el Parlamento andaluz. En Hacienda tienen otro calendario; se dan de plazo hasta el miércoles 12. En todo caso, en una o dos semanas se conocerán todos los detalles.

En números, el acuerdo final del pago en especies de la deuda es de 456,6 millones por Agesa, 101 millones por las fincas iniciales, 172 millones por nuevos activos que incluyen solares e inmuebles, 52,5 millones de activos líquidos de Agesa y 2 millones en efectivo: 784,2 millones.

La polémica está servida. Esta semana el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha reclamado la deuda histórica de su región. Este término no aparece de forma explícita en su Estatuto de autonomía; su disposición adicional primera habla de compensaciones extraordinarias. Monago añade que aceptaría el cobro de la deuda histórica extremeña en solares, en alusión al acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno. Añade el presidente del PP extremeño que le gustaría que no fuese así, por la inestabilidad del sector inmobiliario, pero lo daría por bueno con una valoración conveniente.

El PSOE ha utilizado este argumento para fragilizar las críticas del PP andaluz a su pacto de marzo con el Gobierno. Reynaud, sin embargo, se remite al texto literal de la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía andaluz que dice que en los Presupuestos del Estado hay que consignar "con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias". La interpretación que los populares dan a ese párrafo es que el pago debe ser en metálico y precisar cantidades y capítulos, cosa que tampoco se ha hecho.

Los servicios jurídicos de la Consejería, por el contrario, opinan que el Derecho español admite el pago en dinero, la compensación con deudas que mantenga la comunidad autónoma y la dación en pago con otros bienes. La solución a este contencioso, en todo caso, tardará años. Más inmediata será la aclaración de todas las fases y criterios de la negociación para el pago en especies. Y también será interesante saber qué activos van a ser vendidos y a qué precio para conseguir la liquidez equivalente al cobro de la deuda. La crisis y los ajustes presupuestarios obligan a hacerlo así.

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