La consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, que ha mantenido en Granada su primera reunión de trabajo como consejera de Justicia con el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano, ha señalado que la Junta, como administración que presta el servicio, será el "instrumento" para poner el marcha las nuevas aplicaciones que diseñe el CGPJ.

No obstante, ha reiterado que el Gobierno andaluz no esperará a la reforma de leyes orgánicas como la del Poder Judicial para tratar de mejorar la administración de Justicia en la comunidad.

Según ha explicado en rueda de prensa, las modificaciones legales que puedan articularse, por ejemplo en cuanto al desarrollo legislativo del Estatuto de Autonomía, "no van a hacer que tardemos en mejorar los órganos judiciales de Andalucía".

Preguntada sobre medidas concretas y los plazos que se barajan para mejorar las aplicaciones informáticas, Naranjo ha explicado que todavía están "empezando a trabajar" y "empezando a ver" qué tipo de programas se pueden utilizar para dar mayor agilidad y seguridad a la Justicia.

Al respecto, ha reconocido que se trata de un asunto "muy complejo" que tendrá que dirigir el propio CGPJ para permitir el trasvase de información entre los diferentes órganos judiciales de España.

Por su parte, Cano ha explicado que en la reunión han hecho un análisis de los problemas esenciales de la Justicia, entendida como un servicio público esencial y teniendo en cuenta que si ésta es "tardía" o "ineficaz" perjudica claramente la calidad de la Democracia y deslegitima al propio Estado de Derecho.

También han clarificado cuáles son las diferentes responsabilidades del Estado y de la comunidad en esta materia, al tratarse el Poder Judicial de una competencia estatal exclusiva en la que la autonomía tiene la función de "ayudar" en la prestación del servicio.

"La Junta de Andalucía lo que puede hacer es contribuir a la mejor prestación del servicio, pero no participa de sus responsabilidades (...) en cuanto la actividad jurisdiccional", ha asegurado el presidente del Consejo consultivo.

No obstante, ha recordado que, a pesar de ello, el Estatuto de Autonomía ha reordenado las competencias y ha territorializado más el Poder Judicial, en la medida en que ha previsto un Consejo de Justicia andaluz o la participación de la Junta en los nombramientos de determinadas autoridades y personal.

Todo este análisis se hace, ha añadido, desde la voluntad de colaborar a una "mejor impulsión" de políticas ordenadas al buen servicio de la Justicia en el marco de las competencias de la comunidad.

Cano Bueno ha dicho que las medidas legislativas que la Consejería de Justicia deba impulsar dependen de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un trámite que "en el mejor de los casos" tardará un año en tramitarse.