Juana Rivas no acude al juzgado e insiste en que sigue "protegiendo" a sus hijos

  • La juez tendrá que decidir ahora si acepta las reclamaciones del padre para restringir la libertad de movimientos de los niños

Juana Rivas no compareció ayer a la tercera cita judicial desde que en julio pasado optó por no entregar a sus hijos al padre, Francesco Arcuri, como había ordenado el Juzgado, y optó por el paradero desconocido. La juez de Primera Instancia número 3, responsable de la tramitación de este asunto en España por la vía civil, había señalado para ayer una vista para acordar medidas urgentes respecto a los niños. Arcuri sí acudió.

Rivas dejó pasar esta nueva oportunidad. Prefirió enviar un mensaje a través de su abogada, María Castillo. "Mi clienta me ha pedido que traslade a la opinión pública que todo lo que está haciendo es por sus hijos", declaró a la salida del Juzgado. "Como madre es la única que siente que debe proteger y seguir protegiendo a los dos menores, ante la desprotección que se le está dando por parte de las personas correspondientes", explicó Castillo a los periodistas.

La no comparecencia de ayer es más un hecho simbólico, pues se especulaba sobre la posibilidad de que Rivas escogiera un momento así para poner fin a su situación de huida. Según indicó su abogada, la ausencia de su clienta en la vista no agrava más su compleja situación, pues el objeto de la cita de ayer era que las partes expusieran sus posturas respecto a las peticiones formuladas por Arcuri en julio, cuando se hizo evidente que la madre no iba a acatar la orden judicial de entrega de sus hijos. "En el Juzgado se ha entendido que ella estaba representada por su procurador y su letrada", dijo Castillo.

Esas medidas reclamadas por el padre de los niños, sobre las que la juez ha de pronunciarse en breve, estarían destinadas a restringir la libertad de movimientos de Rivas y sus hijos. Aunque en este punto, hay peticiones que pueden estar más vinculadas con la otra jurisdicción en la que se dirime este asunto, que es la penal. El padre persigue que la juez prohiba la salida de la madre y sus hijos del ámbito del territorio europeo Schengen -de libre circulación-, la no expedición de pasaportes o el depósito de estos documentos en el Juzgado, confiscación de posibles armas de fuego o licencias que tuviera Rivas, así como un oficio a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para la búsqueda de los menores.

La juez ya rechazó el 28 de julio adoptar algunas de estas medidas, que incluían la detención de Rivas, porque la principal orden dada fue la restitución de los menores con el padre, y todo lo demás -el asunto de la "rebeldía" de la madre al no entregar a sus hijos el día y la hora señalados- fue remitido a la jurisdicción penal. Es en este ámbito en el que se han tomado algunas de las medidas reclamadas por Arcuri.

Entretanto, un posible acuerdo en el que estuvieran trabajando los abogados de ambas partes para la reaparición de los menores sin consecuencias penales para la madre no eximiría a Rivas automáticamente de un posible ingreso en prisión por su supuesta "desobediencia" a la Justicia. En el ámbito penal, la Fiscalía puede pedir de oficio responsabilidades contra la mujer, y podría incluir la petición de ingreso en prisión.

Los fiscales provinciales de Granada, que rotan en sus guardias, ya tienen algunas consignas verbales sobre lo que han de hacer en caso de que Rivas sea detenida el día en que ellos han de responsabilizarse de la actuación por parte del Ministerio Público. Esa posición dependerá de diversas variables, entre las que estaría en primer lugar si ella misma se entrega o si es detenida.

Pero lo más determinante serían los niños. Es decir, para el Ministerio Público no es lo mismo que Rivas llegue al Juzgado con sus hijos localizados o no, que colabore en su hallazgo, que aporte garantías de que no habría una nueva huida, o si está dispuesta a que se cumpla la sentencia judicial italiana que obliga a entregar a los menores al padre.

Con todos esos factores sobre la mesa, el fiscal encargado del asunto podría pedir su libertad en condición de investigada, una posible fianza económica para volver a la calle o la prisión provisional, que sería la opción más dura para la madre y la que se contemplaría para el caso más extremo de falta de colaboración por su parte.

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