El Gobierno de la Generalitat de Cataluña considera que el nuevo sistema de financiación autonómica "no abrirá un conflicto entre las comunidades" y que el acuerdo multilateral entre todas ellas será posible sobre las bases establecidas tanto en la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), pendiente de reforma, como en los diferentes estatutos de autonomía, incluidos el catalán y el andaluz. "Somos conscientes de que no podemos echar la cabra al monte y de que existe una recesión económica a la que el Gobierno debe hacer frente", indicó ayer a esta redacción un portavoz del Ejecutivo presidido por el socialista José Montilla.

Esta posición vaticina un giro en las posiciones mantenidas por la Generalitat, que hasta ahora ha dirigido sus pasos a la formación de un eje mediterráneo con los ejecutivos de valenciano (PP) y balear (PSOE) con el objetivo de que las comunidades con más recursos reduzcan sus aportaciones a la cesta común del Estado o, dicho de otro modo, que quede en sus manos una porción mayor de los impuestos pagados por los residentes en sus respectivos territorios.

El pronunciamiento se produce un día después de que la dirección federal del PSOE sostuviese sin medias tintas que el nuevo sistema de financiación tomará como base la propuesta de la Junta de Andalucía para su reforma, de tal modo que el número de habitantes será el factor de mayor peso a la hora de calcular la participación de cada comunidad en los ingresos del Estado.

El vicepresidente económico de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, defiende que esta propuesta -con los factores de corrección correspondientes para tener en cuenta la dispersión de la población, el envejecimiento o el número de alumnos en educación obligatoria, por ejemplo- no sólo es "justa y buena" para Andalucía, cuyo peso poblacional en el conjunto de España se ha reducido en los últimos años, sino para el conjunto de comunidades.

"No hay ninguna alianza previa de espaldas a nadie", matizó el citado portavoz de la Generalitat, para quien las conversaciones mantenidas con otros gobiernos autonómicos responden a la existencia de "problemas compartidos", derivados en gran parte de un aumento, precisamente, de la población. "Todos somos conscientes de que las comunidades autónomas se enfrentan a más problemas de los que le corresponden y no vamos a jugar al enfrentamiento territorial, sino a buscar el acuerdo", insistió.

La propuesta catalana quiere, en concreto, que en el nuevo modelo de financiación pese más no sólo la variable de población, sino la renta per cápita, y que los criterios de solidaridad se reduzcan a las áreas de educación, sanidad y servicios sociales, en tanto que la Junta de Andalucía los amplía a servicios como empleo, justicia y vivienda.

El portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera, subrayó ayer con nitidez la línea que separa ambas propuestas y tildó de "inasumible e inaceptable" el modelo catalán, aunque también dejó abierta la puerta al acuerdo siempre que sea sobre la base de la población.

En su comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno, Cervera orilló las diferencias existentes con los socialistas catalanes y cargó las tintas sobre CiU y ERC, a los que acusó de tener una "visión parcial que sólo se ocupa" de Cataluña, y sobre el Partido Popular, porque "la Comunidad Valenciana está respaldando a Cataluña y es absurdo que el PP de Andalucía lo niegue". A juicio del Ejecutivo autonómico, el líder de los populares andaluces, Javier Arenas, mantiene una "alianza de hierro" con el presidente valenciano, Francisco Camps, ajena a los intereses de sus respectivas comunidades.

El vicepresidente Económico, Pedro Solbes, sostuvo ayer que el acuerdo de financiación estará listo este año para su puesta en marcha a partir de 2009, desmintiendo así las informaciones que apuntaban a un posible retraso respecto al plazo marcado en el Estatut catalán, cuya entrada en vigor cumple dos años el próximo 9 de agosto.

Solbes aseguró que el Gobierno cumplirá el compromiso adquirido en el marco del Estatut de definir las grandes líneas de la reforma en la financiación antes del mes de agosto, "lo que debería permitirnos tramitar la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas después del verano para su entrada en vigor en 2009".