El ex concejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) y actual portavoz del Partido Estepona (PES), Jose Ignacio Crespo, figura entre los detenidos en la operación "Astapa" contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña, según han informado fuentes municipales.

Otro de los arrestados de los que hoy se ha conocido la identidad es Pedro López, que fue gerente de Urbanismo con el PES durante el anterior mandato, en el que esta formación gobernó en coalición con el PSOE e IU y cuyo nombre apareció en algunas escuchas telefónicas del "caso Malaya".

La detención de José Ignacio Crespo se produjo anoche, mientras que su hermana, Ana María Crespo, declaraba ante la juez que instruye el caso, que fijó para ella una fianza de 30.000 euros que deberá pagar en un plazo de tres días para evitar su ingreso en prisión.

José Ignacio Crespo, que en la pasada legislatura fue primer teniente alcalde en el Gobierno municipal que presidía Antonio Barrientos (PSOE) -también detenido en esta operación-, se suma así a la lista de concejales arrestados por su presunta vinculación con la trama.

Se trata de las ediles socialistas responsables de Cultura y Fiestas, Asunción López, de Educación, Mariví López, y de Playas, Marisa Rodríguez, así como del concejal de Economía y Hacienda, portavoz municipal socialista y ex senador, Francisco Zamorano.

Esta mañana han sido trasladados ante la titular del juzgado de instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, el ex consejero delegado de la promotora inmobiliaria "Valle Romano", Luis Fernando Linares, el letrado de esta compañía Daniel Delgado y el dueño de la sociedad Agrojardín y constructor José Antonio Bazán.

Junto a ellos, también han pasado por la sede judicial los hermanos Vicente y Félix Delgado, propietarios de la constructora Codelsa, el arquitecto municipal Ignacio de la Hoz y el empresario que gestionó la campaña publicitaria del PSOE en las últimas elecciones municipales en Estepona, Enrique González Ceano.

Cinco de los 25 detenidos ya testificaron anoche y están en libertad provisional, tres de los cuales deben pagar sus fianzas en un plazo de tres días, tienen prohibido salir de España y el deber de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado. La juez instructora de la operación "Astapa" contra la corrupción urbanística en Estepona, que suma 25 detenidos incluido el alcalde, Antonio Barrientos, prosigue hoy con la toma de declaración a varios empresarios, mientras ya han acabado los registros del Ayuntamiento.

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, ha decretado libertad provisional con fianza para el presidente de la promotora Prasa y máximo accionista del Córdoba CF, José Romero, de 300.000 euros y para Ana María Crespo, hermana del edil del PES José Ignacio Crespo, de 30.000.

Ambos están libres y disponen de un plazo de tres días para pagarlas, igual situación en la que está J.L.C.A, que debe abonar una fianza de 30.000 euros, y los tres tienen prohibido además salir de España y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.

La instructora ha dictado además libertad provisional sin fianza pero con cargos para el jefe del Servicio Jurídico del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Andrés Flores, y para M.C.H..

Entre los detenidos en esta operación trasladados hoy al juzgado están el empresario que gestionó la campaña publicitaria del PSOE en las últimas elecciones municipales en Estepona, Enrique González Ceano.

También ha sido llevado ante la juez el ex consejero delegado de la promotora inmobiliaria "Valle Romano" Luis Fernando Linares, empresa que posee un campo de golf en esta ciudad de la Costa del Sol y patrocina a conocidos deportistas y diversos acontecimientos en la provincia.

Además han sido conducidos al juzgado otros dos empresarios locales detenidos Vicente Delgado, que es uno de los propietarios de la constructora Codelsa, y el dueño de Agrojardín y constructor José Antonio Bazán.

Por otra parte, se ha personado en la sede judicial el ex alcalde de Estepona Antonio Caba (PSOE), que estaría ejerciendo como abogado del alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, tras ser arrestado ayer en esta operación, que continúa abierta.

La Policía ha salido hoy del Ayuntamiento con su alcalde tras estar presente en el registro de la sede municipal por parte de los agentes durante más de catorce horas.

Junto a Barrientos se ha detenido a cuatro ediles del actual gobierno de Estepona, varios más de anteriores corporaciones, empresarios, abogados y funcionarios municipales y se investiga un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio.

Paralelamente las reacciones políticas se suceden y la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha aseverado que el PSOE tiene "tolerancia cero" con la corrupción urbanística, un compromiso que, aseguró, ya manifestó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras la "operación Malaya".

Mientras el líder del PP, Mariano Rajoy, ha dicho que la Junta de Andalucía "debería ser mucho más diligente" y evitar casos de corrupción urbanística como el investigado en Estepona, y ha añadido que el alcalde y los concejales implicados deben ser expulsados de sus respectivos partidos políticos.