La Fiscalía de Sevilla ha recurrido la decisión de la juez María Núñez Bolaños de solicitar un informe pericial a la Intervención General de la Junta dentro de la investigación abierta por las presuntas irregularidades en los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA a una serie de empresas, en una causa denominada Avales II y que se suma a la ya abierta para investigar los avales y préstamos otorgados a un primer grupo de 18 empresas. En el recurso, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, solicita a la Audiencia Provincial que deje sin efecto el auto dictado el 14 de febrero por la magistrada en lo relativo al objeto de la pericial y le ordene "que delimite el mismo de forma tal que no exceda de los límites legalmente establecidos".

El Ministerio Público comparte con la instructora que la pericial es "imprescindible" para la averiguación de los hechos pero considera que el objeto de dicha pericia "no se ha configurado correctamente" porque, en primer lugar, "se encomiendan al perito funciones que exceden con mucho de lo que debe ser el objeto de una pericia". En segundo lugar, según expone Segarra en este recurso, "se encomienda al perito que se pronuncie sobre extremos que poco o nada tienen que ver con los hechos objeto de investigación".

El artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "prevé la posibilidad de que el juez acuerde la elaboración de un informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos", recuerda la fiscal jefe. En el argumentario de la fiscalía, no es admisible "que un tercero informe sobre la legalidad ordinaria de los hechos que viene investigando, so pena de provocar un perverso intercambio de posiciones entre perito e instructor".

Según Segarra, "habrá que atenderse a la delimitación que del objeto de la pericia se haga por el juez, para así poder valorar si la misma se ajusta o no a parámetros que permitan su admisión en el proceso de que se trate. Si es sobre aspectos exclusivamente jurídicos, debe rechazarse, y en caso contrario, debe admitirse", opina la fiscal jefe.

A su juicio, pedir al perito que informe sobre determinados aspectos, como por ejemplo si la simultaneidad de ayudas es o no contraria a la normativa comunitaria de aplicación, "excede con mucho del objeto permitido a una pericia de este tipo, por cuanto suponen trasladar al perito la función que corresponde al juez".

A ello se suma, según expone, que "algunas de las cuestiones respecto de la que se pide dictamen al perito no tienen relación alguna con los avales cuya irregular concesión aquí se investiga", y "en particular ninguna relación guarda con los hechos que aquí se investigan lo relativo a la necesidad de autorización de la Comisión Europea, así como lo relativo a la acumulación de estas ayudas a la simultaneidad con otras ayudas".