El Estatuto dificulta a la Junta su recurso al Supremo por Ciudadanía

  • Medios judiciales sostienen que la última instancia para recurrir es el TSJA

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La Junta de Andalucía podría tener problemas para recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula algunas referencias sobre ideología de género y opciones vitales de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Fuentes judiciales expresaron ayer sus dudas de que el fallo pueda ser recurrido ante el Tribunal Supremo, ya que se trata de una norma autonómica. El argumento de esta tesis es que la sentencia versa sobre disposiciones autonómicas, para las que la última instancia judicial es el TSJA, según el nuevo Estatuto de Autonomía.

A tenor de esta circunstancia, la Abogacía del Estado en Andalucía ha remitido el tema a sus servicios centrales en Madrid para que valoren las posibilidades técnicas del recurso de casación al Supremo y la Fiscalía de Sevilla estaba ayer estudiando el asunto.

La única duda se refiere a si los contenidos de Educación para la Ciudadanía anulados en Andalucía son técnicamente una norma autonómica, al ser reproducción de los decretos nacionales que desarrollaron la asignatura, según este análisis.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA dictaminó el pasado martes la anulación de los contenidos de esta asignatura en Andalucía que abordaban cuestiones como la ideología de género, la homosexualidad y las opciones vitales, en la que se apreció una "ilícita invasión" en la ética, el derecho y la moral.

La posible colisión de los decretos autonómicos andaluces con la legislación nacional ha hecho que la propia sentencia haya decidido plantear una cuestión de ilegalidad al Supremo para que resuelva sobre los reales decretos nacionales que definieron los contenidos de la asignatura.

Se trata de un conflicto "procesal y de fondo que hay que estudiar en profundidad", según las fuentes consultadas, ya que, en caso de que no quepa recurso al Supremo, la Junta tendría que eliminar de los planes de estudio los contenidos anulados, pero por otra parte existe la paradoja de que la normativa estatal no está anulada.

El plazo para recurrir concluye a los diez días hábiles de la fecha de la sentencia, es decir el próximo 15 de mayo.

El abogado sevillano que presentó la demanda, Carlos Seco, coincidió con este análisis y aseguró que "no le parece muy coherente" que la Junta anuncie un recurso al TS cuando el Estatuto establece que el TSJA sea la última instancia judicial.

El letrado ofreció a la consejería de Educación la posibilidad de "negociar" para "elaborar una asignatura que satisfaga a todo el mundo, haciendo bueno uno de los objetivos en los que pone más énfasis la Educación para la Ciudadanía, que es resolver los conflictos de forma dialogada".

Desde el PP, su secretario general, Antonio Sanz, pidió al PSOE "que respete la justicia y que no recurra la decisión" del TSJA, y volvió a pedir que se retire el decreto que establece "la imposición" de la asignatura. Sanz pidió al PSOE "que acepte que ha sido un error y que se han equivocado al precipitar la imposición de una asignatura sin contar con el consenso de las fuerzas políticas y de la comunidad educativa". Una circunstancia que, a su juicio, evidencia que se han primado "criterios ideológicos por encima de sus contenidos pedagógicos".

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