Los procesos para la selección, admisión y matriculado del alumnado en los centros escolares de Andalucía continúa siendo uno de los temas de mayor conflictividad en el ámbito educativo.

En el informe de 2007 del Defensor del Pueblo Andaluz, el proceso de escolarización acaparó el mayor número de quejas (170) en materia educativa. Esta área, a su vez, lidera la clasificación de las denuncias presentadas al departamento que dirige José Chamizo si se le suman las demandas de los docentes aglutinadas en las actuaciones referidas al sector público.

El Defensor anota un "repunte" de la "crispación" de los andaluces sobre los criterios de admisión del alumnado y ofrece su propia interpretación de las causas del fenómeno.

En rueda de prensa ayer tras la presentación del informe a la presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves, Chamizo reflexionó que, en determinadas zonas como los barrios de Nervión o Triana en Sevilla, los padres quieren matricular a sus hijos en escuelas concertadas porque conceden mayores prestaciones -aula matinal, comedor o actividades extraescolares-, por encima de cuestiones de ideario.

A este respecto, se refirió a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconoce el derecho de unos padres a tener una plaza en el colegio concertado que deseen porque prevalece su derecho a elegir el tipo de educación de sus hijos sobre el problema de masificación del centro. "No nos llevemos a engaño, prevalecen razones de calidad", apuntó.

Chamizo propuso dos soluciones. Sobre las que considera principales razones de los padres, recomendó a la Consejería de Educación que "cambie su dinámica en las escuelas que nadie demanda para resultar más atractivas".

Sobre la masificación de peticiones, Chamizo compartió con la sentencia del TSJA la necesidad de "flexibilizar" el criterio de la ratio escolar en los centros con mayor demanda sin que suponga un incremento de unidades mayor a un 10%. La decisión debe contar con la aprobación del Consejo Escolar y el apoyo de tres quintos de los padres. "Un aumento de plazas en estos centros no limita el principio de calidad educativa y podría contar con el beneplácito de los posibles afectados", señaló.

De una lectura más detallada del informe, se desprenden otras soluciones del Defensor del Pueblo a este conflicto social, "que en ocasiones lleva a persecuciones policiales de padres contra padres por conseguir una plaza".

Chamizo revela que el mayor número de conflictos en los procesos de escolarización, curiosamente, no se basan en discrepancias con los criterios de admisión -existencia de hermanos matriculados en el mismo centro, la proximidad del domicilio o la renta anual, entre otros-, sino por actuaciones incorrectas. Añade que las prácticas fraudulentas dan lugar, con frecuencia, a un cruce de denuncias y acusaciones entre las familias infractoras y las familias perjudicadas, que a veces concluyen en serios enfrentamientos.

La institución achaca la crispación de los padres a la "sensación de impunidad" con estas prácticas, "que tanto están contribuyendo a deteriorar la imagen de nuestro sistema educativo". Por ello, insta a la Consejería de Educación a adoptar dos medidas complementarias de garantías frente a las irregularidades.

La primera, expone el informe, que las delegaciones provinciales revisen de oficio todas las solicitudes, "lo que mandará un mensaje a la sociedad de que todas las solicitudes serán revisadas cuando no haya plazas suficientes para todos". Chamizo destaca la necesidad de revisar el criterio de proximidad del domicilio, la que más puntos otorga y genera mayor fraude, cuando los padres se empadronan en domicilios de otros familiares. Para la investigación, sugiere el auxilio de la Policía Autonómica.

Sobre todo, Chamizo demanda que se sancione con mayor rigor los fraudes detectados, "una sanción importante" de la que se carece en la actualidad. El Defensor, en sucesivos informes desde 2001, cree "imprescindible que la Junta asuma con mayor firmeza su obligación de prevenir, evitar y perseguir los fraudes en la escolarización" y considera "imprecisas" las consecuencias contras los infractores recogidas en el decreto de la Consejería.

"Una de las causas por la que los fraudes no disminuyen es la sensación de impunidad instalada en la ciudadanía, y la tranquilidad de los afectados de que la mayor parte de esos fraudes, o no se detectan, o quedan sin penalización", responsabiliza el Defensor.

Y concluye: "Actualmente en Andalucía, estos fraudes no comportan riesgos ni perjuicios notorios para el infractor en caso de ser detectada, porque la única consecuencia es la pérdida de los puntos (...) La sensación de impunidad, evidentemente, favorece la comisión de futuros fraudes".