Durante 1995 y 1996, la institución del Defensor del Pueblo Andaluz visitó la mayoría de los depósitos municipales en los que se custodian a los detenidos antes de pasar a disposición judicial. Con los resultados de aquel trabajo de campo, elaboró un informe especial.

En este análisis, el Defensor clasificó como "deficientes" o "muy deficientes" las instalaciones de 41 de los 81 ayuntamientos con obligación de contar con estas dependencias, impuestas por ley al ser cabeceras de Partido Judicial y no existir en la demarcación otro establecimiento penitenciario. Las causas del suspenso: seguridad, salubridad, habitabilidad o respeto a los derechos constitucionales, entre otras. La defensa de los entes locales: no existe financiación suficiente para estas competencias.

Doce años después, la institución que dirige José Chamizo ha vuelto a fijar su atención en las condiciones de estas instalaciones debido al número de quejas llegadas a su oficina. La institución visitó de nuevo los depósitos municipales el pasado año y sumó en esta ocasión, gracias a la mediación del Defensor del Pueblo español, los calabozos que la Policía Nacional y la Guardia Civil gestionan en capitales de provincia o en los municipios que incumplen su obligación.

Una vez verifique todo el material requerido, el Defensor actualizará la investigación de 1996 con las nuevas visitas a los depósitos municipales y con lo visto y hablado en las dependencias adscritas al Ministerio de Interior. En el informe anual de 2007, presentado el pasado jueves, avanzó que sobre algunos calabozos ya han iniciado actuaciones de oficio, "especialmente si continúan presentando condiciones de habitabilidad muy deficientes, o cuando los ayuntamientos respectivos no ejercen la competencia a pesar de cuantiosas inversiones realizadas".

El Defensor destaca cuatro casos en el informe. En la primera visita, Chamizo calificó de "deficiente" el local que servía de depósito en Posadas (Córdoba). Aunque entendió que los ayuntamientos tienen dificultades financieras para hacer frente a esta delegación competencial y recomendó pedir ayuda a la Junta de Andalucía, lamentó que el Ayuntamiento de Posadas no ejerza la competencia. Chamizo expuso que otros 20 municipios andaluces incumplen la obligatoriedad.

Otro gobierno local resaltado en el informe es el de Torrox, en Málaga, que ya en 1996, aún cuando el depósito era relativamente nuevo, presentaba un estado deficiente. En febrero de 2007, se clausuró por traslado de la Policía Local a un edificio de nueva planta y el Defensor constató presencialmente que el lugar habilitado para los detenidos "se inunda por unas obras en una parcela colindante", por lo que no puede utilizarse.

Igualmente anotó que las celdas presentan deficiencias (se puede alcanzar la cerradura por la abertura en la que se introduce la comida), la fragilidad del lavabo o del váter "que, rotos, pueden convertirse en armas de filos cortantes", o que las cámaras de vigilancia no alcanzaban al aseo.

En Valverde del Camino (Huelva), la clasificación fue de "muy deficiente" para sus calabozos municipales. La investigación de oficio ha revelado que las instalaciones de este municipio, ubicadas en la misma Casa Consistorial, "se encuentran en las mismas precarias condiciones en que lo estaban hace 12 años". Esto es, dos celdas, una encima de otra, accediéndose a la de arriba por una escalera; camas de obra con colchón y mantas, pero sin sábanas ni mesa; las celdas disponen de inodoro, pero no de lavabo, ducha, agua caliente y calefacción. Además, añadió que ahora las condiciones de seguridad son inexistentes , con puertas de barrotes tradicionales, sin cámaras y los detenidos entrando por la puerta principal del ayuntamiento.

Parecida es para el Defensor la situación en Lebrija (Sevilla). Aunque éstas, también en el Ayuntamiento, carecen además de ventilación o luz natural en las celdas. El Defensor comprobó, 12 años después, que "las condiciones siguen siendo las mismas", incluyendo la cámara averiada, o peores, con una reducción de celdas de cuatro a dos, sin lavabos, y aún cuando el número de detenidos fue de 121 personas, algunas de las cuales pernoctaron más de una noche.