Desde la promulgación de la primera Ley de Extranjería en 1985, miles de personas han ingresado en los llamados centros de internamiento para extranjeros (CIE) a la espera de ser expulsados por carecer de la documentación requerida para residir en territorio español. Cada año, según los datos de las ONG, unos 20.000 inmigrantes sin autorización de residencia son enviados a alguna de las diez instalaciones del Ministerio de Interior existentes en Algeciras, Málaga, Barcelona, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Madrid, Murcia, Tenerife o Valencia.

La Directiva Retorno que intentó aprobar esta semana el Parlamento Europeo, que pretendía ampliar la estancia máxima de retención en los CIE de los 40 días actuales a seis meses -puede prolongarse 12 meses más, es decir, año y medio en total, en caso de que concurran problemas en la administración de los trámites- ha vuelto a suscitar el debate sobre la idoneidad de estos centros para albergar a personas. Las ONG que trabajan en favor de los inmigrantes, entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH), advirtieron de que la frustrada norma saturaría aún más la capacidad de unas instalaciones que describen como "cárceles administrativas".

José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, consideró una "locura" la detención tan prolongada de personas que "no han cometido ningún acto delictivo, sino sólo una infracción administrativa". España fue uno de los 27 países de la UE que votó sí en el Parlamento Europeo a la frustrada Directiva Retorno, que de nuevo será debatida la próxima semana, aunque con escasas probabilidades de éxito por la división que la iniciativa ha generado entre los países miembros.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió que el acuerdo persigue unos "mínimos" en materia de inmigración en la UE que beneficiará principalmente a los países que carecen de regulación y aseguró que la nueva directiva, de obligado cumplimiento en todo el territorio europeo, vaya a detraer derechos a los extranjeros que fijan España como destino. Sobre el límite de tiempo máximo en los CIE, Rubalcaba justificó que "en un plazo de 40 días, no resulta fácil conseguir la repatriación".

El Gobierno español persigue un mayor margen de maniobra que evite la puesta en libertad de los inmigrantes si en 40 días no se ha resuelto la repatriación a su país de origen. Una tensa espera para el inmigrante que ha motivado el rechazo de las organizaciones sociales y la preocupación de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, que se cuestiona, desde el punto de vista jurídico, la legalidad de estas actuaciones, al retener a "inocentes de delitos".

A la privación de libertad se une el estado "indecoroso" de las instalaciones, según expuso una delegación del Parlamento Europeo en un informe publicado en marzo. Los emisarios europeos narraron su visita en julio de 2007 a cinco centros de internamiento, entre ellos los de Capuchinos en Málaga y La Piñera en Algeciras. Las conclusiones fueron duras: el tratamiento que España da a los inmigrantes retenidos en estos centros es "deporable, las peores condiciones de toda la UE". La Asociación Pro Derechos Humanos exigió esta semana el cierre inmediato de estas infraestructuras y solicitó una investigación al Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica.

La queja de la ONG fue atendida también por el defensor autonómico, que se ha interesado por la situación en ambos centros. En el CIE de Málaga, al que Chamizo se desplazó hace unos meses, los responsables le aseguraron una pronta mejora de las instalaciones. El centro dependiente del Ministerio del Interior estuvo envuelto en 2006 en una polémica por la denuncia de inmigrantes internos a funcionarios de la Policía por abusos sexuales. En Algeciras, el CIE de La Piñera presenta "graves carencias y es manifiestamente mejorable", expuso Chamizo.

"No es que no me una al cierre de estos centros, pero entra dentro de la tendencia cada vez más presente en Europa de estigmatizar a los inmigrantes, un asunto muy peligroso que puede generar un movimiento de rechazo hacia ellos; hay que tener mucho cuidado y cautela, porque es un tema muy delicado", lamentó el Defensor del Pueblo Andaluz.

El Ministerio de Interior no se plantea el cierre de estos departamentos pero, ya que existen, Chamizo pidió al menos que se "dignifiquen, porquen antes o después tendrán que ocuparlos personas".

La delegación del Parlamento Europeo espera mientras tanto una respuesta de las autoridades del Gobierno de España a su informe, dado a conocer en plena campaña electoral. Esperan que la denuncia no quede en el aire: "unos centros normalmente sobrepasados, sin el mínimo de condiciones de atención física y jurídica con sus internos". "Peor que en Lituania", describen las ONG.